"No tenemos ningún plan B porque estamos convencidos de que la Justicia nos dará la razón". El 10 de noviembre de 2009, el rector de la Universidad de Sevilla ni podía ni quería ponerse en el peor de los escenarios posibles. Pero ayer, 22 de junio de 2011, la balanza se inclinó en favor de los vecinos del Prado que denunciaron las obras de la biblioteca cuando Joaquín Luque era entonces vicerrector de Infraestructuras. A partir de ahora, el rector tiene que ponerse a pensar -y a negociar con el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido , como candidato, un opositor férreo al proyecto - un plan alternativo.
¿Podría terminarse la biblioteca en el Prado? La sentencia lo impide taxativamente , pero la Universidad no quiere cerrar todas las puertas: cabrían "acciones" sobre el propio plan. Así se pronunció un hermético Luque tras conocer el grueso de la sentencia. Pero, ¿estaría Zoido dispuesto a meterse en charcos? El pasado 14 de junio -un día después de que los magistrados del Supremo rubricaran la sentencia hecha pública ayer- dijo en la Fábrica de Tabacos: "Si el Supremo avala la biblioteca, se hará ". Es decir, en caso contrario, a acatar y a enterrar un proyecto que denosta un peso pesado del PP, la exalcaldesa Soledad Becerril.
Los interrogantes que se abren a partir de ahora son múltiples, y a ninguno de ellos tiene respuesta por ahora la Universidad. El primero de ellos es si seguir adelante con la idea de levantar una biblioteca central donde exponer con dignidad las joyas bibliográficas que atesora la institución.
¿Dónde hacerla? ¿En Los Gordales, como propuso Zoido como candidato y que descartó reiteradamente el rector? ¿Derribar lo ya hecho? Sobre esto, nada dice la sentencia. ¿Podría negociarse salvar de lo ya hecho el aparcamiento subterráneo previsto en la biblioteca en un entorno donde Zoido quiere uno? ¿Indemnizaciones? Lo más probable. No a la arquitecta porque, como recordaron ayer fuentes académicas, el proyecto de Zaha Hadid es "propiedad" de la Hispalense.
Sí que se hizo en su momento una estimación del perjuicio económico que suponía el parón de la biblioteca durante dos años (los que se previó que tardaría en pronunciarse el Supremo): 8.000 euros diarios, en torno a 5 millones de euros. Ahora, con la empresa constructora y con los arquitectos de la dirección facultativa de las obras habrá que negociar qué cantidades hay que abonarles por los daños causados.
A quien no le podrá pedir cuentas la Universidad es a la Gerencia de Urbanismo. Este departamento, con Emilio Carrillo todavía como delegado responsable, concedió a la Hispalense la licencia de obra -ahora sin efecto- con una condición impuesta por el secretario general del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores Domínguez, en un informe: "En aras de la defensa de los intereses público, entendemos que sería conveniente exigir en el procedimiento de concesión de licencia un pronunciamiento expreso de renuncia a la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Gerencia para el eventual supuesto de un fallo judicial" contrario a la ejecución de la obra, como así ha sido. Las fuentes consultadas recalcaron que esta condición es habitual entre administraciones porque existe entre ellas el "espíritu de colaboración" con el fin de "compartir los riesgos".
El día de ayer fue malo, muy malo, para el rector de la Universidad de Sevilla. La palabra decepción no salió de su boca. Sí en cambio un políticamente correcto "no estoy contento".
Y no lo puede estar porque la biblioteca central del Prado era un proyecto en el que Luque se involucró personalmente desde que se gestó con él como vicerrector de Infraestructuras. Ahora es consciente de que el escenario es complicado y de que los focos vuelven a apuntarle con fuerza cuando a la vuelta de la esquina están las elecciones a rector.
