Puso cara de jugador de póker Zapatero cuando, en la última sesión de control al Gobierno advirtió en el hemiciclo, a propósito de las medidas contra la crisis, que nada menos que el 50% del gasto público de todo el país correspondía a las comunidades y ayuntamientos. Acotación pertinente la del jefe del Ejecutivo ante las peticiones de la oposición para que aplicara, de inmediato, recortes en dicho capítulo.
En este sentido ya advirtió, como principal novedad, que, por su parte, iba a acometer un ahorro de 1.500 millones de euros entre todos sus ministerios para reforzar así los recursos destinados a la protección y cobertura social de los parados. Gesto de austeridad que, a buen seguro, Zapatero querría que fuera acompañado por actuaciones similares por parte del resto de administraciones con el fin de dar una respuesta más integral y eficaz al declive económico en el que nos encontramos. Y en esas estamos. Máxime cuando son continuas y permanentes las voces que se alzan reclamando una mayor austeridad, por ejemplo, en lo referente al gasto de personal en nuestras instituciones dotadas de nutridas y, por lo general, bien retribuidas plantillas.
Gesto loable pero insuficiente.
Lo cierto es que ahora lo que se impone es la sobriedad, aunque a algunos cualquier medida en este sentido les parecerá bien poco. Ahí está el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien, ante el retraso de pagos a los empresarios, recordó que el 40 % del PIB está en manos de las administraciones, por lo que hay que pedirles también sacrificios. Y añadía: "Es un escándalo que aumenten un 3,9% el sueldo a sus funcionarios".
Una apreciación la suya que situaba en contraste con las dificultades que está teniendo el sector privado a la hora de negociar con sus trabajadores los respectivos convenios. A duras penas cierran acuerdos fijando, por lo general, la congelación salarial o, como mucho, con ligeras subidas y en el peor de los casos, como denuncian los sindicatos, obligando a sus empleados a renunciar a derechos laborales ya reconocidos y consolidados con tal de salvar sus puestos.
Nadie se atreve a recortes.
Pero, por mucho que griten desde la patronal, se nos hace muy difícil imaginar a nuestros rectores de la Junta, ayuntamientos y diputaciones aplicándose el cuento, metiéndose de lleno en un ahorro efectivo y real en el gasto de personal. Sólo con observar el último y más reciente forcejeo vivido en el consistorio de Sevilla con sus funcionarios nos da una idea sobre la verdadera intención de los responsables públicos para aplicar una verdadera política de severidad en este materia.
Nadie se atreve a tener un conflicto en casa. Dirán que la crisis es para otros, aunque, eso sí, este tema dé mucho para discursos, anuncios y hasta manifestaciones. También aquí hay que arrimar el hombro, incluidos los estables y seguros empleados de la administración pública que, no se olvide, se nutre con los impuestos de todos los ciudadanos.
