Tras conocerse los datos de ayer sobre la evolución del paro en España, no se sabe si es peor el que hayamos llegado a una cifra tan elevada como son los 3,3 millones de personas desempleadas que hay ya en el país (173.705 en Sevilla) o si es más preocupante el que se hayan roto otra vez las previsiones del Gobierno y nos encaminemos a un derrumbe aún mayor del mercado laboral español.
De momento, el mismo Gobierno que defendía con vehemencia hace pocas semanas que era casi imposible que se alcanzaran los cuatro millones de desempleados admitía ayer, por boca de su secretaria de Estado para el Empleo, Maravillas Rojo, que el ahondamiento de la crisis puede obligarles a cambiar sus previsiones de destrucción de puestos de trabajo.
Los datos son incontestables. Una vez más se ha pulverizado el record de empleos perdidos en un solo mes (198.838 puestos de trabajo) y, para completar este cuadro económico tan depresivo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social (el grueso de los que contribuyen a las arcas públicas) ha bajado ya en casi un millón de personas en el último año.
Por sectores, el de servicios es el que más aporta este mes a la bolsa de desempleo, algo que no debe sorprender por el continuado cierre de comercios tras la campaña de Navidad, y hay otro segmento que merece una atención muy especial. Se trata del que incluye al medio millón de inmigrantes llegados a España en la época de bonanza laboral y que ahora se encuentran en el paro y con una red de apoyo familiar más precaria. Todos ellos, y el resto de los 3,3 millones de desempleados de este país, tienen detrás una historia personal de desasosiego por la pérdida de sus empleos y constituyen la máxima prioridad para un Ejecutivo que sólo en este 2008 se ha gastado 21.047 millones de euros en la cobertura del desempleo.
La situación no es de "emergencia nacional", como decía ayer Mariano Rajoy, pero no se le puede restar un apice de gravedad. Y ante ella no caben discursos plañideros ni catastrofistas. Zapatero y su equipo de Gobierno tienen que transmitir la confianza necesaria para pilotar el esfuerzo conjunto que debe realizar la sociedad española para salir de este gravísimo atolladero. Y ese todos al que nos referimos incluye a la misma Banca que el lunes se descargó de toda culpa ante lo que está ocurriendo. La prioridad es evidente y a ella responden planes como el de los fondos anticrisis con el que se pretende parar la hemorragia laboral que está sufriendo el país.
Pero hay otras acciones inaplazables que hay que resolver. A corto plazo, el Gobierno debe reflexionar sobre el modo de conseguir que el flujo de liquidez necesario para que la economía real vuelva a funcionar. Y en un horizonte más lejano, tendría que asegurarse de sacar las lecciones esclarecedoras de una crisis que nos ha golpeado con extraordinaria virulencia y que ha demostrado que algo falla en nuestro modelo productivo cuando nuestra tasa de paro dobla a la de los países de nuestro entorno.
