Ya son públicas. Por primera vez un Gobierno ha dado a conocer las controvertidas balanzas fiscales, una suerte de ránking de comunidades según los ingresos y los gastos que se pueden imputar a cada territorio. La principal conclusión: que las autonomías con más renta aportan más al conjunto que el resto. Al menos cinco regiones reciben más del Estado que Andalucía.
A 25 días de que expire el plazo del Estatut para que Gobierno y Generalitat se pongan de acuerdo en los principios que han de regir el nuevo sistema de financiación autonómica, el Ejecutivo central cumplió el martes con un compromiso parlamentario: publicar las balanzas fiscales. Lo hizo poniendo todas las cautelas, admitiendo que es un "análisis técnicamente difícil" -porque no hay una metodología única y porque los criterios distintos dan resultados distintos- y avisando de, pese al contexto en el que se produce la publicación y las presiones de Cataluña para que se haga, "no se puede trasladar al debate de la financiación autonómica".
Lo que ha hecho el Gobierno central es utilizar seis fórmulas distintas para calcular cuánto aporta cada territorio al conjunto del Estado y cuánto le devuelve éste en forma de gasto en cada comunidad. Los seis métodos utilizados por el Ministerio de Economía y Hacienda presentan conclusiones similares: las comunidades con más renta (Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia) tienen un saldo negativo. Sus habitantes y empresas ponen más dinero en la caja común del Estado que el que éste devuelve luego en gastos de la Administración central allí.
Por el contrario, comunidades con menos nivel de renta son las que tienen un saldo positivo, es decir, que reciben más de lo que aportan. Extremadura encabeza la tabla en cuatro de los seis modelos utilizados mientras que en otros dos son Ceuta y Melilla. Excluyendo a las dos ciudades autónomas -incomparables por población y territorio con el resto- la posición de Andalucía oscila entre la séptima y sexta de la tabla. Recibe más de lo que aporta, pero por debajo Extremadura, Asturias, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y, dependiendo de la fórmula utilizada, Cantabria.
¿Significa esto que hay territorios mejor y peor financiados? Gobierno y Junta coincidieron el martes en negar tal planteamiento. Para empezar, según resaltaron ambos ejecutivos, porque en esos cálculos sólo se tiene en cuenta lo que gasta la Administración central, dejando fuera el gasto de las comunidades, que son las grandes prestadoras de servicios (sanidad, educación o servicios sociales).
Y, según la explicación que hizo a los periodistas el vicepresidente económico del Gobierno, José Antonio Griñán, es una información incompleta. Ignora, aseguró, los "intercambios comerciales, de capital, de personas y de trabajadores, los efectos de las relaciones históricas, los efectos del centralismo administrativo, de la capitalidad o de las infraestructuras de cada territorio".
La advertencia de la Junta tiene que ver con un dato objetivo: la sede social de Banco Santander está en Cantabria. Allí es donde paga impuestos, que computan como aportación de ese territorio al Estado, a pesar de que esa entidad hace negocio en toda España. En cambio, comunidades como Galicia aparecen como las grandes receptoras de fondo, sobre todo, según Griñán, porque tienen un gran porcentaje de población envejecida y entre las aportaciones del Estado a ese territorio computan las pensiones.
Pese a todas sus cautelas sobre la utilidad de los saldos fiscales, el vicepresidente Griñán no perdió la oportunidad de hacer una lectura de las mismas y recordar que, con esos datos en la mano, cae por su propio peso el discurso de que Andalucía es la región "subsidiada". La última polvareda por esta causa la levantó en la campaña electoral el popular Manuel Pizarro. Por contra, Griñán destacó el martes que es una "región activa". "Lo que aparece pintado en las balanzas fiscales es lo que dice la Constitución. Menos que esto sería inconstitucional".
