Por qué el Gobierno en vez de presentar una nueva Ley del aborto delega la decisión en los grupos parlamentarios para su estudio? ¿Por qué un Ejecutivo que ha sacado otras normas adelante, por la convicción de que son justas, esquiva este asunto prioritario? ¿Por qué las mujeres en España deben seguir expuestas a que médicos o jueces interpreten la actual legislación de forma restrictiva, con sus criterios morales, lo que puede acabar en investigaciones o controles amedrentadores por haber ejercido un derecho?
Son preguntas que no deben quedar dormidas u ocultas bajo otros debates, como el de que hay temor a la reacción de una parte de la Iglesia Católica y que eso lleva al gobierno socialista a ralentizar el proceso. ¿Y por qué menos valentía que, por ejemplo, en el reconocimiento de los matrimonios homosexuales? ¿Bajo qué criterio este asunto no es urgente? En el entorno del ejecutivo hay voces convencidas de que no es necesario meterse en este charco, que es una zona políticamente pantanosa y que, como en la campaña electoral, hay que rehuirla. El PP, por su parte, históricamente hipócrita en esta materia, no tiene la solución.
Tras la persecución de mujeres y clínicas en Madrid y Barcelona, es preocupante que se hayan publicado artículos en la prensa andaluza cuestionando la legalidad de la firma médica que certifica los casos de aborto cuando está en peligro la salud mental de la mujer. Con los antiabortistas al ataque, ¿cuántas vueltas dará el PSOE antes de acabar la faena haciendo una ley de plazos? Más vale que vayan al toro, porque llueven los avisos.
Periodista
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