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Alaya, a un paso del presidente

Griñán desvinculó su dimisión de los ERE, pero ha hecho coincidir su marcha con un momento clave del proceso judicial. El exinterventor ha brindado a la jueza razones para que le impute

el 25 jul 2013 / 23:55 h.

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El presidente José Antonio Griñán habla con Manuel Gracia. El presidente José Antonio Griñán habla con Manuel Gracia. La jueza Mercedes Alaya se encuentra a un paso del presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán. Solo que éste tiene los días contados como jefe del Ejecutivo, porque 24 horas antes de que la magistrada tomase declaración al ex interventor de la Junta y pieza clave del caso, Griñán decidió anunciar su dimisión. El presidente, convencido de que “no existen razones jurídicas para que Alaya le impute ningún delito”, ha desvinculado su salida del caso ERE. Sin embargo, horas después se congratuló de que su sucesora, la consejera Susana Díaz, pueda continuar gobernando desde cero, sin el estigma del mayor escándalo de corrupción conocido en Andalucía. Griñán y Díaz han acordado limpiar el Consejo de Gobierno de todas las referencias directas o indirectas al caso ERE. Tabula rasa. O dicho de otro modo: se retirará a los consejeros que fueron sus más estrechos colaboradores durante su etapa de consejero de Economía, en la que Alaya centra sus pesquisas. Así, Griñán cree que desarma la única (o la más eficaz) estrategia de oposición del PP-A, que se queda sin referentes dentro del gabinete de Díaz a los que implicar en la herencia de los ERE. La jueza viene señalando a Griñán en el fraude de los ERE desde hace año y medio. Hay casi un centenar de imputados en la causa, y a todos los responsables políticos les ha preguntado si el menoscabo de fondos públicos hubiera sido posible sin la participación u omisión de responsabilidad del entonces consejero de Economía y Hacienda. La presión que la magistrada ha ejercido sobre la Junta –y particularmente sobre Griñán– ha desgastado terriblemente al PSOE, que perdió por primera vez las elecciones andaluzas en 2012, y ha ido minando la moral del presidente hasta que ha dimitido. Los tiempos en política son a veces tan importantes como las acciones, y Griñán ha decidido abandonar cuando el proceso judicial llegaba a un punto culminante. La declaración, ayer, del exinterventor marca un punto de no retorno en la instrucción del caso: a Alaya sólo le queda abrir la puerta del Consejo de Gobierno y decidir si señala la imputación de responsables políticos que tienen la condición de aforados, entre ellos Griñán y la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. De hacerlo, la jueza tendrá que desprenderse de una investigación que inició hace tres años, para dejarla en manos de un tribunal superior (el Supremo o el TSJA, según el aforamiento). Pero algunos dudan de lo inminente de ese escenario. Alaya ya se quedó a un paso del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel esencial” en los ERE. Viera es aforado, diputado, y la jueza imputó a todos los que le rodeaban (incluido su sucesor, Antonio Fernández, que pasó por prisión), menos a él. La Junta siguió ayer, inquieta, la declaración del que fuera interventor durante diez años. Manuel Gómez, encargado de fiscalizar el dinero público entre 2000 y 2010, es una pieza clave para entender cómo se prolongó el fraude de ayudas diez años sin que nadie alertara o rectificara. A Gómez se le conocían dos versiones, la que dio en la comisión de investigación en el Parlamento, y la que emitió más adelante. En la primera explicó que había elevado hasta 15 informes del uso inadecuado del sistema de ayudas (transferencias de financiación), pero que nunca detectó menoscabo de fondos, y por tanto no avisó de ningún delito. En la segunda fue más allá y, a través de una carta al presidente del Parlamento, calificó el asunto de los ERE “como el caso de corrupción más importante de la historia de España” e inculpó a Griñán y Aguayo por haber “cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”. Ayer se ratificó en ambas, poniendo más hincapié en la segunda versión que en la primera. Alaya le imputa prevaricación por denunciar tan abiertamente un delito cuando, en teoría, estaba en su mano impedirlo o, al menos, denunciarlo. A pesar de la seguridad de que no hay razones para ser imputado, Griñán aceptará su designación como senador, evitando así un careo con Alaya. Sus oponentes le han criticado por ello, recordando cómo el presidente andaluz cuestionó la utilidad de la Cámara Baja y abanderó la reforma para que no sea un cementerio de elefantes políticos.

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