El recurso de la Junta contra el auto de Mercedes Alaya en el que imputa a 20 altos cargos del Gobierno es más propio de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta. La jueza que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos dictó ayer un auto de cuatro páginas para desestimar con saña la petición de la Junta de suspender las citaciones de los 20 imputados. Alaya utilizó la misma crítica y con las mismas palabras que el PP-A hace una semana, cuando elevó una solicitud a la jueza para que eche al Gobierno andaluz del caso ERE por actuar como acusación y como defensa. La dureza con la que se expresa la magistrada puede anticipar la expulsión de la Junta como parte acusadora del mayor caso de corrupción de Andalucía. De ser así, quedaría seriamente debilitado el Ejecutivo de José Antonio Griñán, cuya principal línea de defensa se basa precisamente en que la Junta denunció el fraude nada más conocerse y se personó como acusación.
Los razonamientos jurídicos del nuevo auto de Alaya son similares a los que la Fiscalía Anticorrupción emitió el viernes pasado para oponerse al recurso de la Junta. La jueza mantendrá la declaración del exinterventor general Manuel Gómez, prevista para este jueves, y añade otras cinco citaciones en septiembre y octubre, entre ellas la del actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, que dejó su cargo de secretario de actas en el Consejo de Gobierno tras ser imputado. Lozano será interrogado el 17 de septiembre por su papel como director general de Presupuestos en la etapa en la que el presidente Griñán era su jefe (titular de Economía). También declararán el exjefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz (día 10), imputado hace un año y que se negó a declarar en la comisión parlamentaria de los ERE; el también exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera (19); el viceconsejero de Empleo Justo Mañas (30) y el exdiputado del PSOE Ramón Díaz (9 de octubre).
El nuevo argumentario de la jueza para rebatir el recurso es especialmente duro. No es la primera vez que Alaya cuestiona la colaboración de la Junta con la justicia, pero esta vez la magistrada acusa abiertamente a la Administración de haber adoptado una posición más propia de una defensa que de una acusación particular. El recurso que interpuso el Ejecutivo contra el auto de imputación de los 20 altos cargos, que incluía a la exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, motivó las críticas del PP-A, pero también de Anticorrupción. El viernes pasado, la Fiscalía defendió el auto de Alaya y cuestionó el papel de acusación de la Junta, por haber dedicado hasta seis folios para oponerse al escrito de imputación. El PP-A, que también está personado como acusación particular, entendió ayer que el nuevo auto es el paso previo a la expulsión de la Junta de la causa. La situación guarda analogías con lo sucedido en el caso Bárcenas, en el que el juez Ruz expulsó al PP por entender que en realidad estaba usando su papel de acusación para defender al que fue su tesorero durante 20 años.
RAZONES SIN VERACIDAD Alaya asegura que acceder a la petición de la Junta de dilatar las declaraciones de los imputados implicaría un retraso significativo de la instrucción. Uno de los argumentos de la Junta contra el auto fue la falta de motivación de las imputaciones. El escrito no mencionaba qué delitos les atribuía y el gabinete jurídico de la Junta pensó que los imputados podrían solicitar la nulidad del proceso por defectos de forma más adelante. Alaya replica que en la fase de diligencias previas no está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta (
) sino una llamada al procedimiento de una serie de personas a las que debe tomársele declaración, y ésta por obvia garantía jurídica no puede ser otra que en calidad de imputado. El auto recurrido no tiene más sentido que informarles con carácter general de los hechos sobre los que serán interrogados, concluye Alaya.
El segundo argumento del recurso de la Junta fue más al fondo de la cuestión: el Gobierno andaluz acusó directamente a la jueza de poner en peligro la democracia y el Estado de Derecho por cuestionar las leyes de presupuestos, aprobadas en el Parlamento andaluz, que incluían el fondo de 721 millones con el que se financiaron los ERE de 2001 a 2010, y también el uso que se hizo de la transferencia de financiación para pagar las ayudas a parados, abriendo así la puerta al fraude. Dicho argumento carece de veracidad, replica Alaya, que aclara que en ningún caso las leyes de presupuestos entre 2002 y 2009 dicen que las transferencias tuvieran que destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales. Este uso de las transferencias como subvenciones viene en los anexos al presupuesto, que no forma parte del contenido de la ley de presupuestos y por tanto en ningún caso fueron aprobados por el Parlamento andaluz.
