La jueza Mercedes Alaya, instructora del fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta, parece estar a punto de elevar el caso ERE al Tribunal Supremo después de tres años de investigación y más de 200 imputados. Pero mientras cierra esta causa, acaba de dar impulso a una nueva investigación que vuelve a salpicar al Gobierno andaluz por supuestas irregularidades y falta de control en la gestión de los fondos públicos para la formación de parados y trabajadores. Se trata del caso del presunto fraude en los cursos de formación, una parte del cual está en manos de Alaya, aunque hay siete juzgados que escudriñan el tema. En un auto hecho público ayer, la magistrada acusa a la Junta de haber concedido subvenciones por valor de 950 millones de euros para cursos de formación sin justificar, durante un periodo de cuatro años (entre 2008 y 2011). Esta tesis se desprende de las resoluciones de exoneración dictadas en relación a las empresas que debían de justificar el gasto de las subvenciones.
La parte del fraude en los cursos de formación que investiga la jueza de instrucción número 6 de Sevilla es la que, al parecer, tiene vínculos con algunos de los protagonistas imputados en el caso ERE, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el exsindicalista de UGT-A, Juan Lanzas, el llamado conseguidor, que mediaba entre Administración y empresas que percibían ayudas bajo sospecha. De hecho, en el auto conocido ayer, Alaya cita a declarar el próximo 16 de octubre en calidad de imputado a Fernández, por haber autorizado ayudas por valor de 70 millones de euros para la formación de trabajadores de la empresa Delphi.
La jueza acusa al exconsejero de Empleo de haber permitido la subcontrata de cursos formativos sin que dicha subcontratación estuviera regulada ni autorizada. Fernández también habría concedido becas por asistencia a cursos «por encima del máximo legalmente permitido». Alaya le acusa directamente de haber incumplido la Ley de Subvenciones al haber firmado «resoluciones de exoneración de la justificación» de las ayudas a las entidades beneficiarias entre 2008 y 2011. Dicha ley prevé que las exoneraciones sean una excepción, pero nunca la forma habitual de proceder, informa Europa Press.
Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, es el primer imputado en esta investigación. Permaneció casi cuatro meses en la cárcel, acusado de ser uno de los principales artífices del fraude de los ERE. Alaya le imputó seis delitos: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento. En esta nueva causa, a Fernández le imputan dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber concedido 70 millones en ayudas para el plan de formación a los extrabajadores de la extinta Delphi. En el auto, la jueza se remite a la declaración del exdirector general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En su testificación, el exalto cargo de la Junta admitió que la Junta habría exonerado o permitido no justificar 950 millones de euros en subvenciones para formación, a fecha de octubre de 2013, y en base a las resoluciones de condonación dictadas por el Gobierno andaluz hasta esa fecha. Sobre Fernández, Alaya le acusa de haber concedido subvenciones «con ausencia de procedimiento» mientras ocupó el cargo de consejero.
La jueza investiga las ayudas otorgadas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera el caso al Ministerio Público de Sevilla. En el escrito de remisión de la investigación, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ponía de manifiesto sobre el plan formativo de los extrabajadores de Delphi que «se han detectado numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable» y que afectarían también a la Faffe.
Antes de ser consejero de Empleo, Fernández ocupó otros cargos en la Administración andaluza. Desde 1995, fue viceconsejero en este área y, desde el año 2000, ocupó la vicepresidencia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que otorgaba las ayudas supuestamente irregulares.
