Alaya acusa a UGT y CCOO de encontrar en los ERE una vía de "financiación irregular"

En el auto de prisión del administrador de Uniter destaca a "actuación decisiva" de los sindicatos para el contacto e información previa de las empresas en crisis y la facilitación del proceso.

el 19 jun 2013 / 12:25 h.

alaya-vertical-mercaLa jueza Mercedes Alaya, que investiga presunto fraude de fondos públicos destinados a subvencionar prejubilaciones a través de ERE de empresas en crisis, describe en el auto de prisión provisional del administrador único de la aseguradora Uniter, José González Mata, no solo el papel de éste como "uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas" sino que acusa a los sindicatos UGT y COOO de que, con esta trama, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular". Alaya envió anoche a prisión a González Mata, tras dos días de declaración, bajo fianza de 600.000 euros para salir. Le acusa de ocho presuntos delitos: prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, cohecho, blaqueo de capitales, contra la hacienda pública, asociación ilícita y apropiación indebida, éste último al considerar que se enriqueció personalmente con sobrecomisiones cuyo cobro procedería no solo de fondos públicos de las subvenciones de la Junta sino de los pagos del Fogasa a los trabajadores prejubilados en los ERE bajo sospecha, al menos en el caso de la Faja Pirítica de Huelva. El auto de prisión impone también a González Mata una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros y a la empresa patrimonial Cureña -a través de la cual según Alaya dio legalidad a las sobrecomisiones cobradas mediante la adquisición de 29 inmuebles y productos financieros- 200 millones. Alaya, que ya había bloqueado 84 cuentas de Uniter y Cureña, las embarga por completo, así como los bienes patrimoniales y las propias empresas y las participaciones de González Mata en ambas sociedades y otras familiares, por lo que nombra administrador judicial al Consorcio de Compensación de Seguros. Para Alaya, la participación de González Mata en la trama consistiría en "provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus servicios, que luego serían financiadas por la Junta de Andalucía, en influir y aprovecharse de la ausiencia de licitación pública y fundamentalmente en las comisiones" cobradas. Según la juez , en 32 pólizas en las que participó, Uniter cobró 32,9 millones entre 2001 y 2010 y las sobrecomisiones por encima del mercado "podrían estar en torno a los 20 millones de euro". "En este ilícito uso de fondos públicos tendrían también una actuación decisiva junto al inculpado, representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior", señala. Los sindicatos cobrarían no solo de Uniter sino también del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís "o de la propia empresa" que presentaba el ERE y solicitaba la subvención de la Junta. Así, Alaya describe dos vías de salida de las sobrecomisiones que se embolsó González Mata: "su propio enriquecimiento personal" y el pago a "otros intervinientos al sostenimiento de la trama", en concreto al despacho Villasís, al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a los sindicatos que según la jueza "habrían impuesto de manera arbitraria e ilegítima tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial", pagos que "no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado". El auto describe que UGT -personada en la causa como acusación- y CCOO "canalizarían" el dinero que recibían de las aseguradoras y mediadores (7,6 millones en total entre Uniter, Vitalia y Villasís) a través de corredurías de seguros de su propiedad como Atlantis Asesores, ASP Asesoramiento Seguros, Temiqui o ITG pero también directamente a través de la Federación Minerometalúrgica de CCOO y la Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz. "Estas retribuciones serían reconocidas entre otros por Salvador Mera, secretario regional de la Federación de Industrias y Afines de UGT" . Actualmente Mera dirige el sindicato en Cádiz y en su declaración ante la Guardia Civil, incluida en el sumario, reconoció haber pedido a González Mata una contraprestación de 360.000 euros para ambos sindicatos por sus gastos en movilizaciones y asambleas de trabajadores durante la negocación del ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Los líderes regionales de UGT y CCOO siempre han negado haber cobrado comisiones irregulares por su intervención en los ERE.

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