La juez instructora de los ERE ha acusado hoy a Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación Textil de CCOO-A, de haber cobrado cuatro pólizas irregulares y haber ofrecido a la mediadora Vitalia el "paquete completo" de una empresa en crisis y financiación pública.
Florido se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, quien le ha imputado presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por las cuatro pólizas que cobró del ERE de la empresa sevillana Hytasal, hasta los 265.015 euros.
En el auto de imputación, al que ha tenido acceso Efe, la juez le acusa de hacer labores de "captación" y "facilitador" para la mediadora Vitalia, a la que gracias a sus relaciones con los comités de empresa aportaba información sobre compañías en crisis y les ofrecía el "paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".
Según el atestado de la Guardia Civil, Florido había dejado de trabajar en Hytasal en 1999 y fue incluido como beneficiario en el ERE de 2003, y ahora la juez le ha imputado que las pólizas fueron una forma de remuneración por la labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical.
La Fiscalía ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, incrementados en el tercio legal, y la prohibición de que salga de España.
Hoy también han comparecido ante Alaya las esposas de dos sindicalistas de la UGT de Jaén, que fueron incluidas como "intrusas" en el ERE de la empresa malagueña Hytemasa, en la que nunca trabajaron.
Ambas han sido imputadas de delitos de malversación y tráfico de influencias y han declarado a la juez que creían estar cobrando una indemnización por despido de su marido en la empresa jiennense Cárnicas Molina.
La primera de ellas, Nieves Ruiz Pérez, ha declarado que firmó donde le dijo su marido, Rafael Mesa, dirigente de la Federación de Alimentación de UGT en Jaén fallecido en 2010, quien le explicó que le iban a dar una indemnización por su despido en Cárnicas Molina.
La juez le ha imputado haber percibido 96.000 euros por un lado entre 2001 y 2011 y 17.000 por otro.
Ella, sin embargo, solamente ha reconocido los primeros 96.000 euros, más otra cantidad de unos 1.700 euros, y su abogado ha anunciado que cuando pueda, devolverá esas cantidades.
La Junta de Andalucía ha pedido para Nieves Ruiz una fianza de responsabilidad civil de 171.000 euros y la fiscalía ha pedido un importe equivalente a lo que haya percibido indebidamente, sin concretar la cantidad.
La segunda "intrusa", María José Martínez Elvira, ha dicho a la juez que ya ha devuelto a la Agencia Tributaria estatal 112.000 euros por las cantidades percibidas.
Según el acta de su declaración, creía estar percibiendo una indemnización a su marido de Cárnicas Molina, aunque lo pusieron a su nombre porque él se acababa de divorciar de su primera mujer.
Martínez Elvira compatibilizó la percepción de esa póliza con su labor en el Ministerio de Trabajo elaborando certificados sobre jornaleros que iban a la vendimia francesa y también como organizadora sindical en UGT de Jaén, según ha declarado.
Ha afirmado también que hace cuatro o cinco años que no milita en el PSOE, partido con el que concurrió a las elecciones municipales de 1999 en Torredonjimeno (Jaén).
