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Alaya acusa al exdirector de Vitalia de pagar 2,5 millones en comisiones a Lanzas

La juez apunta que también entregó dádivas al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

el 06 abr 2014 / 13:28 h.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de  empleo (ERE) irregulares ha rechazado la petición de la defensa del  exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín para que archivara  la causa en relación a los delitos contra la hacienda pública y de  blanqueo de capitales que le imputa, pues considera, entre otros  aspectos, que pagó más de 2,5 millones en comisiones al 'conseguidor'  de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y también entregó  dádivas al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. INGRESAN EN PRISIÓN OTROS DOS IMPUTADOS EN LA NUEVA RAMA DE LOS EREEn un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada  Mercedes Alaya recuerda que Albarracín, que llegó a ingresar en  prisión por estos hechos, permanece imputado en la causa por delitos  de cohecho, malversación, prevaricación, contra la hacienda pública,  falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, mientras que,  como representante legal de la entidad Permar 21, le fue imputado un  delito de blanqueo de capitales. Y es que, según la instructora, este delito le fue imputado por  "la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes  procedentes de la actividad ilícita desarrollada como director de  Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía  procedente de fondos públicos, lo cual se traducía en el pago de una  retribución variable" al propio imputado con cuyas ganancias adquirió  entre 2006 y 2011 un total de ocho inmuebles. La juez dice que, en el presente caso, las imputaciones "se han  efectuado respetando escrupulosamente los principios  constitucionales, exponiendo en las mismas la indiciaria  participación del imputado en los hechos investigados, sin que a la  fecha actual haya ocurrido hecho nuevo o surgido prueba alguna que  desvirtúe las iniciales imputaciones". CONOCIO LA INCLUSION DE 'INTRUSOS'. Así, Albarracín, como director general de Vitalia, "de hecho o de  derecho, habría conocido la inclusión de los múltiples intrusos en la  multitud de pólizas de prejubilación en las que habría intervenido en  nombre de Vitalia", y en segundo lugar "también sería consciente de  la magnitud del exceso de la cuantía de la comisión percibida por  dicha entidad con cargo a los fondos públicos, superior en muchos  casos al 15 por ciento por encima de la media del mercado y que fue  cobrado en cada una de estas pólizas". La juez añade que, con cargo a dichas sobrecomisiones, "percibiría  Albarracín sus retribuciones, cobrando una parte a través de la  sociedad Permar, quien habría adquirido a lo largo de la década  multitud de inmuebles, que serían poseídos y utilizados por dicha  entidad a fecha actual". Además, "con estas sobrecomisiones millonarias procedentes de  fondos públicos", el imputado "ordenaba el pago de comisiones a todo  aquel que hubiera facilitado la elección de Vitalia por parte de la  Administración", como "es el caso de Juan Lanzas, al que se le haría  llegar a través del pago de facturación falsa a la empresa Atrado  Mensajería más de dos millones y medio de euros". LAS COMISIONES "REVERTIAN EN SU PATRIMONIO PERSONAL". A su vez, "resulta indiciariamente acreditado que parte de esas  comisiones ordenadas por él como director de Vitalia revertían en su  patrimonio personal mediante sobres con dinero que le entregaba entre  otros el administrador de Atrado". La juez dice que, en tercer lugar, la imputación de Albarracín  "estaría sustentada en el presunto pago de dádivas efectuado a  Guerrero como contraprestación a los servicios por él encargados en  nombre de la Consejería de Empleo". Por todo ello, "y siendo fácil deducir entre otros delitos el de  blanqueo de capital y el delito contra la hacienda pública, resulta  obvia su permanencia en el procedimiento en calidad de imputado y más  aún teniendo en cuenta el resultado de las investigaciones  practicadas y declaraciones que se han ido prestando en sede  judicial, que no hacen más que corroborar la participación en los  hechos investigados de Albarracín", concluye la instructora.

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