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Alaya acusa al exinterventor de permitir el "torcimiento" de la Ley y el "menoscabo" de fondos de la Junta

La jueza considera que dictó informes u omitió los mismos" en relación al sistema por el que se concedían las ayudas.

el 26 jul 2013 / 18:46 h.

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La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo  (ERE) irregulares considera que el ex interventor general de la Junta  de Andalucía Manuel Gómez Martínez, "por dictar informes u omitir los  mismos" en relación al sistema por el que se concedían las ayudas  vinculadas a los ERE, habría permitido "en connivencia con otros el  torcimiento de la Ley y del derecho y el menoscabo de los fondos de  la Junta durante más de una década". Manuel Gómez a su llegada a los juzgados. Foto: EFE Manuel Gómez a su llegada a los juzgados. Foto: EFE Previamente a su declaración prestada en la jornada de este  jueves, la juez Mercedes Alaya comunicó al ex interventor su  imputación a cuenta de sendos presuntos delitos de prevaricación y  malversación de caudales públicos, todo ello "por dictar informes u  omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial  el ordenamiento jurídico", según recoge el acta de su declaración, de  la que se ha dado traslado este viernes a las partes y a la que ha  tenido acceso Europa Press. La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla considera que el  imputado "expuso con reiteración" que por parte de la Consejería de  Empleo "se estaban concediendo subvenciones sociolaborales  excepcionales, prescindiendo de forma absoluta del procedimiento  legalmente establecido, entre otros extremos de la fiscalización  previa", lo cual "se hacía a través de un uso totalmente irregular  por la citada Consejería del expediente de transferencias de  financiación". "Pese a conocer esta reiterada ilicitud y que la Consejería estaba  contrayendo con IFA/IDEA obligaciones que superaban  extraordinariamente los límites de los créditos presupuestarios  aprobados para ésta", el ex interventor "obviaría inconscientemente  el cumplimiento de la legalidad vigente", pues, en primer lugar,  "informó favorablemente a 20 modificaciones presupuestarias  propuestas" por Empleo, seis de las cuales eran "contrarias a las  leyes de Presupuesto de 2000 y 2001". EX INTERVENTOR GENERAL DE LA JUNTA PRESTA DECLARACIÓN ANTE JUEZ ALAYAAdemás, todas ellas eran contrarias "de manera radical a la Ley  General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza y al  Reglamento de Intervención", dice la juez, que concluye que estas 20  modificaciones supusieron un coste total para la Junta de 145.193.285  euros. En segundo lugar, la magistrada considera que el imputado,  "conociendo la indiciaria ilegalidad que se estaba cometiendo" en la  concesión de subvenciones, no comunicó la misma al interventor  delegado en la Consejería de Empleo "para que éste, al realizar la  fiscalización previa de los expedientes de transferencias de  financiación a IDEA, pudiera haber interpuesto el correspondiente  reparo suspensivo". De igual modo, el ex interventor "tampoco avocó o recabó para sí  la fiscalización de tales expedientes de gasto, como así estaba  facultado para evitar personalmente tal uso irregular de fondos  públicos", mientras que tampoco realizó el informe de actuación que  hubiera elevado el asunto al Consejo de Gobierno a pesar de que  conocía que se estaban "concediendo subvenciones sociolaborales con  total ausencia de procedimiento, a través de créditos presupuestarios  inadecuados y muy por encima del techo de gastos de Empleo, lo que  podía ocasionar menoscabo de fondos públicos". "En cambio, intencionadamente, emitiría el llamado informe  adicional al de cumplimiento para presuntamente no forzar a los  responsables políticos --consejeros implicados y Consejo de  Gobierno-- a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia  del conocimiento que los mismos tuvieran", asevera la juez. La magistrada también le achaca haber incumplido "de modo  flagrante" el artículo 85 bis de la Ley General de la Hacienda  Pública, "pues no ordenó que se realizara sobre las subvenciones que  se estaban concediendo el necesario control financiero sobre los  beneficiarios", todo ello "con el objeto de comprobar el adecuado  destino de las ayudas, lo cual hubiera evitado que muchas de ellas  sirvieran para el enriquecimiento de ciertas personas".

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