Por Rocío Velis e Isabel Morillo La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ordenó a la Guardia Civil acudir al Congreso, al Senado y al Parlamento andaluz para notificar a varios preimputados, todos aforados por su condición de diputados, el auto en los que los señala por su supuesta implicación en el fraude de las ayudas de Empleo. Alaya ordena que se les localice «en su lugar de trabajo», justificando que no ha sido posible dar con los datos de sus domicilios particulares. La Cámara andaluza ha asegurado que los agentes no han llegado a personarse en el Parlamento. Sí acudieron la noche del pasado lunes al Congreso y el Senado, aunque los presidentes de ambos órganos reprocharon su actuación y no admitieron que se entregara el oficio a los diputados ManuelChaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, se ha dirigido al presidente del Tribunal Supremo para recordarle que cualquier comunicación oficial con los diputados debe hacerse a través del Alto Tribunal y no directamente. «Parece obvio que la jueza ha utilizado un canal erróneo», aseguró. También el presidente del Senado, Pío García Escudero, consideró que el camino utilizado por la instructora del caso ERE«no es correcto».
En su providencia, del 7 de abril, Alaya alega que acude a las Cortes y al Parlamento andaluz «ante las dificultades para encontrar en sus domicilios» a las personas a las que se refiere un auto de 18 de diciembre, en el que preimputaba a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados. «Procede notificarles» el requerimiento «en su lugar de trabajo».
Desde el Parlamento andaluz aseguraron que finalmente la Guardia Civil no se ha presentado en la Cámara, aunque desde la jornada del martes tenían rumores que indicaban que podía acudir como había ocurrido en Madrid.
La última maniobra de Alaya, enviando a la Guardia Civil a las Cortes, no solo ha topado con el rechazo de las Cámaras, sino que también ha provocado una cascada de reacciones políticas y advertencias a la magistrada. Hay voces que aseguran que con este paso ha cruzado una línea roja y que su actuación choca con el Código Penal. Aunque los socialistas trataron desde el Congreso de elevar una queja directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), finalmente el PP consideró más oportuno dirigirse al Supremo, lo que puede dar pie a que el CGPJ se lo recuerde a la jueza Alaya por cauces oficiales.
No es la primera vez que la magistrada se dirige al Congreso y recibe un aviso por ello. Ya se dirigió a las cámaras nacional y andaluza el pasado diciembre para pedirles que acreditaran si los expresidentes de la Junta y cinco exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio gozaban de aforamiento.
Alaya señaló a los expresidentes de la Junta y otros cinco exconsejeros en un auto que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción y tumbado por la Audiencia. La jueza respondió con otro escrito, de mucha más extensión, en el que pormenorizaba las razones de una supuesta implicación de estos ex altos cargos en la trama de los ERE pero sin apuntar los delitos que se le imputaban. Fuentes jurídicas ya advirtieron entonces de que la figura del señalamiento no existe y advirtieron de la necesidad de dejar la posible imputación de los aforados en manos del Supremo y el TSJA. También la Fiscalía acaba de instar a la jueza a trocear la causa en piezas y dejar en manos de los órganos judiciales superiores la parte que afecte a los diputados. Alaya se niega.
