Alaya amplía de nuevo la investigación de los ERE pese a los reparos del fiscal

La causa supera ya los 200 implicados, después de que haya imputado al exviceconsejero de Economía y Hacienda, en un auto en el que cita a Griñán y a Martínez Aguayo

el 16 jul 2014 / 11:49 h.

alaya-cuadradaCuando todos esperaban que la jueza Mercedes Alaya iba a elevar ya la causa de los ERE al Tribunal Supremo, ella ha vuelto a sorprender con un auto en el que amplía la investigación a dos años más, 2011 y 2012. Una decisión que se produce justo una semana después de que Anticorrupción alerta del volumen «desmesurado» e «injustificado» de la causa, negándose a incorporar más documentación y apostando por centrar los esfuerzos en las diligencias ya abiertas y en recuperar el dinero malversado. La magistrada da dos días a la Junta de Andalucía para que entregue la relación de las ayudas sociolaborales concedidas en este periodo e imputa a otro exviceconsejero: José de Haro Bailón, quien estuvo tanto a las órdenes del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, como de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. El auto, de tan sólo cuatro folios, está fechado el martes 15 de julio y comienza diciendo que el juzgado «viene analizando y repasando cuanta documentación obra en la causa» para completar la instrucción, tras lo que cree pertinente, además de la nueva imputación, «completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012» con cargo a la partida 31L, con la que se financiaban los ERE. Así, le da «dos días» a la Junta para que aporte la «relación de subvenciones concedidas» durante 2011 y 2012 y «las resoluciones en las que se acordaba su concesión y la fechas de abono». Hasta ahora el caso se ceñía al período entre 1999 y 2010. Una petición que es completamente contraria a la que hace una semana reiteró la Fiscalía Anticorrupción, que es la de no continuar acrecentando la causa, sino todo lo contrario, ir cerrando capítulos y elevar al Tribunal Supremo lo que corresponda. Los motivos, el «riesgo de prescripción» de algunos delitos, que podrían quedar impunes, y la dificultad cada vez mayor de recuperar lo defraudado. El fiscal teme además que el volumen del caso llegue a ser «desmesurado» e «injustificado», cuando los medios personales y materiales son «limitados». Pero Alaya no sólo reclama más documentación, sino que también imputa a José de Haro Bailón, el que fuera ex secretario general de Hacienda y Economía entre 2004 y 2009, «a las órdenes del titular en aquellas fechas José Antonio Griñán», alcanzando los 201 imputados. Durante esta etapa, De Haro tuvo «una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las trasferencias de financiación del programa 31 L», con la que se pagó los ERE. Asimismo, cree que «conocía el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación a dicha agencia fuera posible». A partir de abril de 2009, De Haro fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda con Carmen Martínez Aguayo, recuerda la jueza, al frente de la Consejería. Según la magistrada pasó a tener una «activa participación en la elaboración del presupuesto de 2010», en el que se establecían «como prioridad la continuidad del sistema de transferencias a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos». Por último, la magistrada ordena a la Guardia Civil que averigüe los domicilios de seis imputados a los que no ha sido posible localizar para citarlos a declarar en esta semana, y cita para el 23 de julio a De Haro Bailón y al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, después de que ayer no acudiera a declarar por las irregularidades en el ERE de Altadis. Ayer, sólo compareció el exdirector de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea Laso, que se negó a declarar. El fiscal solicitó para él una fianza de 296.935 euros, mientras que reclamó a la multinacional los 22.325.945,98 euros pagados hasta 2010, para recuperar «los fondos públicos malversados». Hoy es el turno de los tres directores generales de Trabajo imputados: Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

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