La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha ordenado a la Guardia Civil investigar si el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, intervinieron de alguna manera en la concesión de ayudas bajo sospecha.
El pasado noviembre, el abogado del principal imputado en los ERE, el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, trasladó a Alaya un escrito explicando que su cliente aseguraba que tanto Valderas como Villalobos habían intervenido «muy activamente» en la concesión de unas supuestas ayudas irregulares entre los años 2004 y 2008, y solicitaba a la jueza que les llamara a declarar. Alaya responde ordenando a la Guardia Civil que trate de esclarecer cuánto de cierto tiene esa acusación, pero desestima la petición de comparecencia de ambos políticos «hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación». No obstante, el vicepresidente es aforado y en ningún caso podría ser llamado a declarar si no es por un tribunal superior de justicia, nunca por la jueza Alaya.
La aparición, por primera vez, del nombre de un miembro de IU en el complejo asunto de los ERE provocó el desconcierto en el Gobierno andaluz. Los populares, en el primer pleno del Parlamento del año, no tardaron en exigir explicaciones al vicepresidente, aunque el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, matizó que le parecía acertada la decisión de la jueza de no llamarle a declarar hasta que la investigación haya avanzado. Valderas, que dijo sentirse «señalado injustamente» y víctima de un «juicio paralelo», recordó que él no ostentaba ningún cargo en la Junta en los años que centran esta parte de la investigación (2004-2008), ni siquiera era diputado autonómico. «Estoy sorprendido y me parece tremendamente injusto. En aquellos años sólo era coordinador regional de IU y mi influencia sobre cualquier tipo de gestión de ayudas era nula», dijo Valderas, quien aseguró desconocer a las dos empresas con las que Guerrero le vincula. El vicepresidente también quiso dejar constancia de que su formación fue la que impulsó la comisión de investigación del caso ERE nada más entrar en el Ejecutivo andaluz junto al PSOE. Por su parte, Villalobos defendió la «legalidad y justificación» de la ayuda señalada por Guerrero y esgrimió «las facturas» presentadas.
Argumentos. En el auto de la jueza, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, advierte de que en los primeros momentos del tiempo investigado fueron concedidas con cargo a la partida 31L [epicentro del fraude, también denominado como fondo de reptiles por el propio Guerrero] ayudas a la Diputación Provincial de Sevilla (al programa Sevilla son sus pueblos) a través de la empresa instrumental Sevilla Siglo XXI, y a las empresas Autologística de Andalucía S.A. y Centro Limpieza Industrial Huévar. Según el letrado, «en dichas ayudas intervinieron muy activamente» Rodríguez Villalobos y Valderas, razón por la que solicita que acudan a declarar a los juzgados «con el fin de acreditar la solvencia de dichas ayudas». En el escrito remitido a la jueza, De Pablo señala que «a lo largo de las presentes diligencias se viene cuestionando en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación». El abogado de Guerrero también había solicitado a la jueza que llamara a declarar al superior jerárquico de los agentes de la UCO en la Guardia Civil que investigan el caso ante la «falsedad» e «inexactitud» del informe realizado sobre los movimientos en sus cuentas bancarias, pero Alaya concluye que «no ha lugar por ahora a recibir declaración al jefe de la UCO hasta tanto no se complete la instrucción».
