Alaya archiva la acusación contra dos antiguos abogados de Ruiz Mateos

También decreta el sobreseimiento provisional de los hechos imputados a Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector de IDEA, la empresa pública que pagaba los ERE.

el 26 feb 2015 / 12:08 h.

LOS PERITOS RATIFICAN EL INFORME CLAVE QUE CRITICA LA CONCESIÓN DE LOS ERE La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que archiva las acusaciones contra dos antiguos abogados de la familia Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos Muñiz y Manuel Sánchez Marín, con lo que el número de imputados en la causa desciende a 273, nueve de ellos aforados. En el auto, con fecha 24 de febrero y al que ha tenido acceso Efe, la juez decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los dos abogados "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de las ayudas dadas a las empresas del grupo de la familia Ruiz-Mateos". En la misma resolución, Alaya decreta el sobreseimiento provisional de los hechos imputados a Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector de IDEA, la empresa pública que pagaba los ERE, respecto a las ayudas concedidas a Hitemasa porque le mantiene el resto de imputaciones. La juez, además, desestima el sobreseimiento de otros catorce imputados, entre ellos Antonio Diéguez Viera, que solicitó ayudas para la empresa Promociones Vinícolas y para un proyecto turístico en la Sierra Norte de Sevilla, para el que se presentó un proyecto dos años después de recibir la subvención. La instructora indica que "sería paradójico" que por la supuesta oficina de asesoramiento empresarial, de la que no se ha acreditado pruebas de su existencia, se le informara a Diéguez que entre los trámites a seguir estaba "perseguir literalmente" al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "incluso en los bares que frecuentaba". En el auto, la juez rechaza archivar la causa contra doce consejeros de la empresa Hitemasa, que recibió de la Junta de Andalucía subvenciones desde 2001 por valor de 32,2 millones de euros sin mediar solicitud, ayudas que concluyeron tras el ERE de 2004 con el cierre de la empresa. Respecto a estas ayudas, la juez señala que se derivaron sobrecomisiones a favor de Vitalia y que con cargo a ellas se abonaron mejoras en las pólizas de los consejeros. Alaya reprocha que llamar a esa práctica "detalle" y compararlo con una cesta de Navidad o un jamón "no parece serio", y agrega que los imputados conocieron la inclusión del mediador Juan Lanzas y parte de su entorno e las pólizas, gracias a lo cual se produjo la "magnanimidad" de la Junta con la empresa.

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