La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso del supuesto fraude de ayudas públicas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha asumido la investigación sobre el presunto uso del fondo de subvenciones para comprar cocaína y fiestas. La denuncia la formuló el exchofer del exdirector general de Trabajo y principal imputado en el llamado caso ERE, Francisco Javier Guerrero, que declaró ante la policía judicial de Andújar (Jaén) que Guerrero le firmaba ayudas millonarias con las que después se costeaban la droga y las copas.
Del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a cargo de Alaya, salieron ayer tres autos. En uno de ellos, la jueza informa de que la causa abierta a raíz de la denuncia del exchófer de Guerrero ha sido remitida por los juzgados de Andújar, donde los magistrados aceptaron el requerimiento de inhibición que solicitó Alaya al considerar que el caso estaba directamente relacionado con el asunto de los ERE fraudulentos. El exchófer, Juan Francisco T.B., estaba siendo investigado en Jaén por dos delitos de fraude de subvenciones públicas, cuyo gasto no justificó. En su declaración apuntó que una parte de los fondos públicos recibidos los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él", para "fiestas y para copas". Al hacerse público, el abogado de Guerrero emitió un comunicado negando tales acusaciones y anunciando una querella contra su antiguo chófer por calumniarle.
Además de integrar ambas causas, la jueza Alaya -en respuesta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción- ha requerido a la Consejería de Empleo "la totalidad" de los expedientes de ayudas sociolaborales a impresas, incluidas las denegadas entre los años 2001 y 2011, así como las ayudas destinadas a pequeñas empresas. La Fiscalía sospechaba que al tratarse de cuantías más pequeñas, podían tratarse de "ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta".
La magistrada también ha acordado una prueba "pericial contable" a cargo de la Intervención General del Estado para que se analicen los "procedimientos contables y la gestión" de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) relativo a las transferencias de financiación. Alaya ha designado a dos peritos de la propia Intervención General para que desmenucen el uso de este procedimiento. A petición del Ministerio Fiscal, la jueza también ha solicitado auxilio jurisdiccional de la Agencia Tributaria. En el tercer auto, Alaya ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue a las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. La Junta había solicitado la imputación del exalcalde por el supuesto dinero que recibió en subvenciones directas una de las tres empresas participadas por él.
El caso ERE gira en torno al fondo de la partida presupuestaria 31L, dotado con 647 millones, con el que supuestamente se pagaban ayudas a empresas de forma arbitraria y se beneficiaba a prejubilados en el ERE de firmas para las que nunca habían trabajado. Guerrero, que gestionaba ese dinero, lo denominó "fondo de reptiles". Alaya ampliará la investigación a cinco empresas de la Sierra Norte de Sevilla (de donde procede Guerrero y donde se concentran los principales beneficiarios del fraude) y estrecha el cerco sobre las empresas ligadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza", Jose María Sayago.
Por último, Alaya requiere a la Junta "información documental" sobre las comisiones cobradas por Vitalia y Uniter, consultoras que mediaron en las pólizas de seguros de renta asociadas a los ERE, que ingresaron primas "excesivas", muy por encima del precio de mercado, según la jueza.
