La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha asumido a través de un nuevo auto las diligencias relativas al testimonio de Juan Francisco T.B., quien fuera chofer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y quien declaró ante la Policía Judicial que destinó a cocaína, "fiesta y copas" la mayor parte de ayudas por valor de aproximadamente 900.000 euros que el propio Guerrero concedió a empresas de su propiedad. Juan Francisco T.B., como se recodará, había prestado declaración como imputado ante los juzgados de Andújar (Jaén), que se inhibieron al objeto de que las diligencias fuesen asumidas por la juez Alaya.
Como es sabido, la juez Alaya indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Pues bien, este mismo viernes habría sido notificado a las partes un nuevo auto de la juez, según han informado a Europa Press fuentes del caso. En este nuevo auto, la juez Mercedes Alaya recibe los testimonios en los que los juzgados de Andújar aceptan la petición de inhibición cursada por el propio Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la investigación que los juzgados iliturgitanos promovían sobre dos presuntos delitos de fraude de subvenciones. En el marco de esta investigación, de hecho, se incluye la polémica declaración de Juan Francisco T.B.
Además, en este nuevo auto, la juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se le requiriese a la Consejería de Empleo los expedientes de denegación de ayudas sociolaborales relativos a las solicitudes elevadas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por personas, empresas o entidades locales entre 2001 y 2011, lo que lleva a la juez a reclamar a la Junta de Andalucía "la totalidad" de la información.
(Se ampliará la información)
