Finalmente, será el Tribunal Supremo el que decida si la jueza Mercedes Alaya, que dirige la investigación de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), es la competente para analizar el contenido de las actas de los Consejo de Gobierno de los últimos diez años , como ella mantiene, o si por el contrario éstas son secretas, como afirma la Junta de Andalucía. La magistrada ha accedido, tres meses después, a elevar la cuestión al Alto Tribunal, no sin insistir en que el contenido "no es secreto" y reprochar al Gobierno andaluz que no colabore en la investigación, pese a ejercer la acusación particular. Mientras tanto, la Junta podrá recoger las actas custodiadas en los juzgados cuando quiera.
La decisión la tomó ayer Alaya después de que la Audiencia Provincial resolviera que las actas no son secretas y levantara la medida cautelar que las mantenía bajo vigilancia en el Juzgado de Guardia. A pesar de que la jueza sigue creyendo en la "improcedencia del conflicto de jurisdicción" . En el auto, vuelve a insistir en la necesidad de esta prueba por si de las actas "se puede desprender alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público". Por ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 destaca que de no aportarse las mismas "se impediría la investigación de si tales hechos delictivos, de extraordinaria gravedad por su contenido y por su permanencia en el tiempo, existieron".
Por este motivo la magistrada le recuerda a la Junta que es acusación particular, asegurando que "sería una auténtica paradoja que utilizara su posición de custodio de dichos documentos para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostenten o hayan ostentado cargos en la misma". "Si estas personas con su presunta acción delictiva grave han atacado la fama y el buen nombre institucional de la Junta, de lo que a buen seguro se sienten afectados todos los ciudadanos de esta comunidad, la reacción del Ejecutivo andaluz, entiende esta titular que debería ser de total colaboración y transparencia", le reprocha Alaya a la Junta. "Se estaban pidiendo a una parte acusadora con manifiesto interés en depurar las responsabilidades penales", añade.
En definitiva, lo que la jueza pretende es comprobar si se produjeron hechos delictivos "cuya inicial apariencia podría desprenderse de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía". De hecho, la magistrada recuerda que dicho organismo desde 2002 "ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita" que para el abono de las ayudas a empresas se estaba utilizando un procedimiento inadecuado. Una situación que, según la jueza, conocía José Antonio Griñán, a quien por primera vez cita directamente en un auto. "La Intervención ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, que con la utilización de esta figura se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado", señala repitiendo un párrafo completo de un auto anterior, al que sólo ha añadido la mención al presidente de la Junta. Frase en la que ayer mismo se basó el PP para denunciar que Griñán "conoció, alimentó, consintió y tapó el fraude de los ERE", lo que fue negado tajantemente desde el Gobierno andaluz.
La investigación de estos pagos sería una de las ramas del caso, la otra rama sería la supuesta "trama" que dio lugar a la inclusión de personas en los ERE de empresas en las que nunca trabajaron. Eran pólizas "autorizadas por responsables de la Administración andaluza, cuyos beneficiarios eran designados por motivos de amistad, familiares o por pertenencia al PSOE o a ciertos sindicatos", recuerda Alaya.
Los tres primeros intrusos, ayer ante la magistrada
La jueza Alaya tomó ayer las primeras declaraciones por la inclusión de nombres falsos en los ERE, citando a los tres intrusos de Camas , entre ellos, al concuñado del exdelegado provincial de Empleo y también imputado Antonio Rivas. Ninguno de los tres quiso declarar ante Alaya, limitándose a ratificar su testimonio ante la Policía Judicial. Entonces, los tres reconocieron que estuvieron cobrando una prestación, pero que el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado, les había dicho que se trataba de "una ayuda de supervivencia". La magistrada ha imputado a dos de ellos por tráfico de influencia y prevaricación en su condición de extraneus, mientras que al que fuera concejal de la citada localidad, José Antonio García Prieto, le imputa cinco delitos de tráfico de influencias y otros cinco de prevaricación, al considerar que fue quien informó a los otros dos intrusos de la documentación que tenían que entregar para lograr la pensión.
