«El portillo de entrada de la concesión de ayudas irregulares», así definía la jueza Mercedes Alaya al exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, al que ha citado a declarar el próximo 7 de febrero tras tres años imputado por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Rivas, que ya fue condenado por el intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, tuvo para la jueza gran influencia en sus superiores para la inclusión de intrusos y la concesión de subvenciones. Además, la magistrada ha citado para el 25 de febrero a los peritos que han elaborado el informe de la Intervención General del Estado sobre la concesión de estas ayudas por parte de la Junta. Antonio Rivas fue imputado por la magistrada al día siguiente de abrir las diligencias por los ERE, el 20 de enero de 2011 en el mismo auto en el que también imputó al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y en el que apuntaba ya «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de los ERE. Una conclusión a la que llega tras recibir un informe policial elaborado tras detectarse los primeros intrusos en los ERE de Mercasevilla, en uno de los cuales llegó a «ampliar exclusivamente» para uno de los intrusos el número de empleados afectados por el expediente de 2007. Pero Alaya cree que su implicación va más allá, pues le señala como una pieza clave «de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido» en la Junta. Un año antes, en marzo de 2012, la Guardia Civil ya apuntaba a Rivas como uno de los responsables políticos del fraude al destacar su activa participación en la inclusión de intrusos en dos ERE. De hecho, para los agentes Rivas fue el que permitió que en la lista del expediente de la empresa Calderinox aparecieran dos personas que no trabajaron en la entidad, una de ellas ex alto cargo de la Junta. La influencia del exdelegado, según la instructora, también está tras la inclusión de dos intrusos de su entorno en el ERE de Surcolor, uno de ellos un familiar y el otro el marido de una concejal del PSOE en la localidad de Camas, cuando Rivas era alcalde de la misma. Además, en el expediente de Intersur también aparece como intruso otro familiar del ex alto cargo. Por último, la jueza sospecha que comprometió una subvención con Aglomerados Morell para contratar a trabajadores de Villanueva del Río y así beneficiar electoralmente a la alcaldesa del municipio, después de que se aprobara un ERE con el que supuestamente se pagó el traslado a esta localidad desde la de Valencina. De los ex altos cargos señalados por la Guardia Civil como responsables (Guerrero y su sucesor Juan Márquez) sólo resta por declarar Rivas. La jueza ya lo citó para el 26 de julio de 2012, pero suspendió su citación. De hecho, en estos tres años el propio Rivas mostró su queja en un escrito dirigido a la jueza en el que en el verano de 2013 recordaba que llevaba más de 800 días y aún no había sido citado a declarar. La Fiscalía Anticorrupción también le solicitó a la jueza en septiembre, que citara a 24 imputados, entre ellos a Rivas. El exdelegado, cuya imputación ha sido refrendada por la Audiencia al considera que existen indicios más que suficientes para mantenerla, ya fue condenado a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros por el caso Mercasevilla. Por otro lado, la magistrada citó de nuevo ayer al exconsultor de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo, quien se acogió a su derecho a no declarar. La jueza amplió su imputación al considerar que tuvo una intervención «decisiva» en la inclusión de numerosos intrusos en los expedientes de Dhul, Matadero de Fuente Obejuna, Aglomerados Morell, Surcolor y Samec, entre ellos amigos, conocidos y familiares del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
