La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros impuesta al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, todo ello por permitir, al menos hasta abril de 2011, el reparto indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable. En un auto del 6 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza rechaza el recurso presentado por el letrado del imputado y recuerda que la fianza impuesta se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues indiciariamente se le considera partícipe en los hechos delictivos que le fueron expuestos con detalle previamente a su declaración judicial de julio de 2012. La jueza Alaya le imputó cuatro presuntos delitos de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, tras todo lo cual lo dejó en libertad después de que ninguna parte pidiera su ingreso en prisión. Según la juez, parte de dichos hechos delictivos fueron reconocidos por el imputado en su declaración, punto en el que destaca que Rivera conocía a su llegada al cargo que el procedimiento de concesión de ayudas públicas debía ajustarse a la normativa sobre subvenciones. Tuvo conocimiento a los dos meses de iniciar el desempeño de su cargo de que había pólizas de rentas por más de 70 millones de euros sin convenio o resolución de concesión de la subvención, y no ordenó nada al respecto. Según Alaya, el imputado conoció el informe Garrigues, que alertaba de falta de control, y pese a ello, el exalto cargo continuó con el sistema. Además de Rivera, están imputados los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero en prisión y Juan Márquez; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá, y el exdelegado en Sevilla Antonio Rivas.