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Alaya confirma la fianza civil de 3,3 millones a Antonio Rivas

Asevera que habría concedido fondos públicos "por mera liberalidad" a "amigos, familiares o personas a los que él quería favorecer".

el 04 sep 2014 / 11:13 h.

antonio-rivas La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de  empleo (ERE) irregulares ha confirmado la fianza de responsabilidad  civil de 3.323.672,49 euros impuesta al exdelegado de Empleo de la  Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas, todo ello en un auto en  el que le atribuye haber concedido "por mera liberalidad" fondos  públicos "a amigos, familiares o personas a los que quería  favorecer". En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes  Alaya rechaza el recurso presentado por la defensa de Rivas, que  solicitó a la magistrada que anulara la "abultada" fianza civil  impuesta, la cual dio lugar a que el Juzgado le embargara una  motocicleta, un turismo y una vivienda unifamiliar en Camas  (Sevilla), así como las retribuciones, rentas o pensiones que en  concepto de prestaciones contributivas perciba del Instituto Nacional  de la Seguridad Social. La instructora argumenta que, en su recurso, el imputado "parte de  una premisa errónea, y es que los hechos que se imputan a Rivas poco  tienen que ver con su actuación relativa a la autorización de los  ERE, sino con aquella, en forma de compromisos en nombre de la  Administración autonómica o de influencias ejercidas, que culminaría  en la financiación por parte de la Junta de las prejubilaciones de  los trabajadores de ciertas empresas, o en la concesión por mera  liberalidad de fondos públicos a amigos, familiares o personas a los  que quería favorecer". Todo ello "mediante la inclusión de los mismos como intrusos o  bien mediante la suscripción de pólizas individuales para ellos,  pagadas por la Junta", agrega la juez, que asevera que el imputado,  en su recurso, "olvida también" que la Sección Séptima de la  Audiencia Provincial de Sevilla "confirmó su imputación" en relación  a los expedientes de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell, "por  lo que sólo quedaría su supuesta responsabilidad por la inclusión en  la póliza de Intesur" de Ricardo Medina Barrios, José Acevedo López y  José Antonio García Prieto, "el cual en 2007 sería nuevamente  incluido en otra póliza, la de Samec". "Ninguno de los anteriores habían trabajado en Intesur, ni García  Prieto en Samec", sino que "los tres eran de la localidad de Camas,  localidad en la que residía el recurrente y de la que fue alcalde por  el PSOE durante diez años", pone de manifiesto Alaya. Así, García Prieto "tenía además ciertas responsabilidades  políticas en el Ayuntamiento de Camas y había sido concejal cuando  Rivas era alcalde; José Acevedo era familiar de Rivas, y respecto de  Ricardo Medina consta en las actuaciones un fax con membrete de la  Delegación Provincial de Empleo remitido a Vitalia a la atención de  Jesús Bordallo, en el que le dirigía a éste los datos personales y  vida laboral de Ricardo Medina". La instructora considera que, de este modo, "la apariencia de  antijuricidad queda plenamente colmada", lo que le lleva a rechazar  el recurso presentado por la defensa de Antonio Rivas contra el auto  en el que le impuso la fianza civil de 3,3 millones de euros. EL RECURSO DE RIVAS En su recurso, consultado por Europa Press, el abogado de Rivas  criticó que en el auto donde se le impuso la referida fianza civil,  la juez realizó "una labor de automatismo acusatorio impropia de una  instrucción penal en un estado Social y Democrático de Derecho", ya  que para dictar el mismo la juez "no ha tenido en cuenta en absoluto  las manifestaciones" vertidas por su cliente en un escrito  incorporado a las actuaciones con motivo de su declaración del 7 de  febrero, cuando se acogió a su derecho a no declarar. Así, añadía el letrado, la juez "ha tenido en cuenta únicamente  los argumentos incriminatorios contenidos desde el principio en la  imputación judicial, sin considerar ni siquiera ninguno de los  argumentos ni de las manifestaciones efectuadas" por el exalto cargo  de la Junta, lo cual "tiene relevancia", pues la exigencia de la  fianza "parte de la consideración previa de la existencia de indicios  racionales de criminalidad" contra Rivas, lo que "en absoluto se  comparte a tenor de lo hasta ahora instruido". De este modo, y según el recurso, "tal y como tuvo ocasión de  manifestar" Rivas en el escrito anexo a su declaración, "no hay  ningún ERE autorizado por Rivas como delegado de Empleo en el que se  hayan incluido trabajadores que no pertenecían a la empresa  correspondiente", es decir, "todos los ERE aprobados" por el imputado  en su condición de autoridad laboral "lo fueron previo informe  favorable de la Inspección de Trabajo, que es quien debe velar por la  inexistencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la  tramitación de tales ERE". SIN 'INTRUSOS'    El abogado asegura que a ello se suma la circunstancia de que  "durante el periodo en que fue delegado de Empleo no autorizó ningún  ERE que no contara con el acuerdo entre la empresa y los  representantes de los trabajadores", precisando que "en tales  condiciones, ante la existencia de acuerdo, la autoridad laboral está  obligada a autorizar el ERE, en virtud del mandato legal". "Ninguna irregularidad se ha producido en la tramitación de los  ERE, ni ha habido ningún intruso en los mismos", asevera el abogado,  que agrega que, en relación a las pólizas de prejubilación, su  cliente "nunca ha tenido competencias para aprobar ni conceder ayudas  sociolaborales, ni ayudas a empresas, tras la tramitación de ERE,  razón por la cual la tramitación de las pólizas a las que se hace  referencia en la presente causa son absolutamente ajenas a su  responsabilidad".

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