La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), cree que «instancias superiores» de la Junta de Andalucía pudieron mediar para conceder una ayuda de 1,1 millones de euros a la empresa Matadero Sierra Morena, ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, tras ser adquirida por Antonio Barbadillo S.A. La instructora hace, además, referencia a un correo electrónico en el que uno de los empresarios alude a las gestiones con Presidencia. La Fiscalía ha solicitado una fianza civil de cuatro millones de euros para tres exdirectivos de esta sociedad, solicitando que se haga responsable civil subsidiario a Barbadillo.
La petición del fiscal se produce después de que ayer Manuel Valdecantos y Pascual Caputto, consejeros de Matadero de Sierra Morena, se acogieran a su derecho a no declarar. La jueza les considera autores de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias y ha imputado a un tercer directivo, Manuel Robles Castaño, por los mismos hechos. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 recuerda que estos tres directivos pasaron dirigir Matadero Sierra Norte, «entidad emblemática» del «tándem» formado por los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago «y la que más subvenciones había recibido de la Junta», después de que Antonio Barbadillo S.A. adquiriera a finales de 2005 el 70 por ciento de las acciones.
Hasta entonces esta empresa «había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros». Una compra que supuso también el control de las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut. Según Alaya, los tres imputados «mediante la utilización de sus influencia en la Consejería de Empleo a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores», «pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas», consiguieron en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros. Además, destaca que un correo electrónico dirigido en junio de 2008 al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, Manuel Valdecantos «reconocería que había logrado el cobro» de la subvención referida «a través de gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta».
Así, para Alaya los tres «serían conscientes de que tanto la concesión en 2008 de la subvención de 1,1 millones de Matadero», como otros pagos a Al Ballut, «se habrían realizado al margen del procedimiento legal de subvenciones», incluso «interponiendo como beneficiaria otra sociedad para evitar reiteraciones».
Embargo a un exalto cargo El Juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado que se embarguen diversas propiedades del que fuera secretario general de Hacienda de la Junta entre los años 2000 y 2004, Antonio Estepa, para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 8,8 millones que le impuso la jueza Mercedes Alaya. El decreto firmado por la secretaria judicial ordena el embargo de varios pisos y plazas de aparcamiento, un coche, un ciclomotor y de todas las cuentas bancarias propiedad del ex alto cargo. El documento recuerda que tras ofrecerle un plazo de diez días para designar bienes de su propiedad en los que trabar embargo, el imputado ofreció en garantía seis bienes inmuebles (tres fincas urbanas, dos garajes y un trastero) y dos vehículos.
De esta forma, el Juzgado embarga al exsecretario general de Hacienda un coche marca BMW 320D, un ciclomotor, un piso y una plaza de garaje en Sevilla, así como el 50 por ciento del pleno dominio de una finca y de una plaza de garaje ubicadas en Zahara de los Atunes (Cádiz).
Asimismo, decreta el embargo del 50 por ciento del pleno dominio de un trastero ubicado en esta localidad gaditana y la octava parte indivisa de una finca en Puente Genil (Córdoba), mientras que también le embarga todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria. El Juzgado, no obstante, considera que estos bienes no son «suficientes» para cubrir la fianza civil impuesta dadas «las cantidades que se le exige», por lo que acuerda llevar a cabo la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
