La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para que le informe, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002.
En un auto dictado el 16 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe, la juez solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la actuación de la Intervención General de la Junta en los cursos de formación y que les ofrezcan una "explicación ajustada a la legalidad" sobre las exoneraciones.
Alaya pide indagar en las funciones que tuvo intervención en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones de formación.
Además, cita para el 9 de octubre al que fuera responsable del departamento de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, para que se ratifique en su declaración judicial, en la que alertaba de las irregularidades en los cursos.
La juez explica que las nuevas actuaciones se derivan de un atestado de la UCO en el que "se evidencian graves irregularidades en las concesiones de subvenciones a cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
También señala que en el recurso sobre el auto de imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que desestimó y por lo que sigue imputado, "se ha destacado el papel de la Intervención General" en las exoneraciones de la justificación de las subvenciones concedidas.
La Intervención, añade la juez, también tuvo un papel destacado en sus actuaciones con carácter previo a los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que se autorizaban concesiones directas de las subvenciones a la formación realizadas por el presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Por ello, la juez pide a Intervención que le remita los informes que hizo desde 2002 para el programa 32D o cualquier otro relativo a los cursos de formación.
En concreto, pide los "informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria; informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa; e Informes sobre control financiero periódico".
Además, pide que aporte los informes de conformidad o disconformidad, con explicación sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando eran concedidas por las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo, y si existió alguna particularidad en la de Sevilla.
En su resolución, pide una "explicación ajustada a la legalidad" sobre las exoneraciones y el papel de la Intervención en el control financiero de esas subvenciones.
También requiere a la Junta para que, en cinco días, aporte organigrama desde 2008 a la actualidad de los diferentes departamentos administrativos que intervienen en la adjudicación, gestión, control y justificación de las acciones formativas, ya sean adjudicaciones provinciales o centrales de la dirección de Formación para el Empleo.
