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Los imputados por la venta del solar de Merca se exponen a 8 años de cárcel

Alaya agrava los delitos por los que venían siendo investigados, que serán juzgados por la Audiencia. La jueza dicta un auto en el que da prácticamente por cerrada la causa por las irregularidades en el concurso.

el 04 dic 2013 / 14:35 h.

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mercasevilla-2Es la primera macrocausa en manos de la jueza Mercedes Alaya que roza su fin. Es lo que se desprende del auto dictado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 6, en el que convierte las diligencias previas por la venta irregular del solar de Mercasevilla en un sumario. O lo que es lo mismo, prácticamente cierra la investigación para enviarla a la Audiencia Provincial donde serán juzgados los 18 imputados por esta causa. Los delitos a los que se enfrentarán serán más graves de lo que inicialmente se había previsto, enfrentándose a penas que podrían llegar a un máximo de ocho años de prisión y a 16 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En un breve auto de tres folios notificado ayer a las partes, la magistrada concluye que tras la investigación abierta por las presuntas irregularidades en el concurso público por el que se le adjudicó los suelos de la lona a Sanma, una filial de la constructora Sando, “que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad cometida por funcionario público en delito mercantil”. Unos delitos que implican penas de tal importancia que deben ser juzgados por la Audiencia Provincial y no por un juzgado de lo Penal”. De hecho, la instructora recuerda que el delito de prevaricación está castigado “con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de siete a diez años”. Éste es el único delito que no lleva aparejada la prisión, pero sí los otros dos. En el caso de la prevaricación contra la ordenación del territorio la condena oscila entre los seis meses y los dos años de cárcel, además de inhabilitación entre los siete y los diez años y una multa de 12 a 24 meses. Por su parte, la falsedad cometida por funcionario en delito mercantil está penada con un mínimo de tres años de prisión y un máximo de seis, inhabilitación entre dos y seis años y multas de entre seis y 24 meses. Y es que, tras cuatro años de investigación, la jueza mantiene que tras el concurso público que se convocó existe “la preparación” del mismo “para la adjudicación de una opción a compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada Mercasevilla, con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma”. La misma empresa, añade, “que habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir las naves inicialmente programadas”. Un auto que supone en gran medida el cierre de la investigación, aunque no impide que la magistrada pueda llevar a cabo alguna diligencia más. De hecho, fuentes consultadas ayer por este periódico se mostraban reticentes a ver en esta resolución el punto y final a esta causa, pues consideran que incluso puede aún aumentar la lista de imputados, ya que Alaya ha venido apuntando a la constructora Noga, la perjudicada por la venta a Sanma, como cómplice necesario en esta operación, ya que nunca reclamó por no haberlo ganado. En cambio, otras fuentes aseguran que este auto supone el cierre de esta macrocausa y ven a la jueza dispuesta a dictar en breve el auto de conclusión de sumario, en el que tendría que detallar el listado de imputados y los motivos por los que los sienta en el banquillo. Y lo ven tan claro, porque la magistrada tiene ante sí una causa que lejos de cerrarse no deja de crecer, como es la de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Además, tiene aún dos más bajo secreto de sumario, Madeja, en la que se investiga el cobro de dádivas a cambio de contratos; y la abierta por las facturas falsas del sindicato UGT, que ahora se ampliará después de que ayer la Audiencia Nacional le haya remitido la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra su secretario general, Cándido Méndez. Además, aún tiene pendiente la investigación por delito societario en Mercasevilla y la causa contra Lopera.

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