El Tribunal Supremo investigará a partir de septiembre una parte del voluminoso sumario del caso ERE para tratar de dilucidar si existen indicios penales contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves (ahora diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (senador). La jueza Mercedes Alaya, que investiga desde hace tres años y medio el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta, ha remitido al Alto Tribunal una parte de la macrocausa, la llamada trama política que apunta a siete altos cargos aforados: los dos expresidentes, el exconsejero de Empleo y diputado socialista en el Congreso, José Antonio Viera, y otros cuatro exmiembros del Gobierno andaluz (diputados autonómicos): el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo; el de Economía; Antonio Ávila, la de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; y el de Empleo, Manuel Recio. Viera y Vallejo fueron consejeros en la época de Chaves, y los otros tres en el último gabinete de Griñán. El Supremo se hará cargo de la causa de los tres primeros, pero previsiblemente reconducirá la parte relativa de los cuatro diputados autonómicos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Sala de lo Penal recibió ayer la exposición razonada de Alaya, que finalmente se ha inhibido en el caso ERE porque carece de competencias para investigar a aforados. Hace meses que los abogados de muchos imputados y los fiscales le pedían que diera este paso. De hecho, los últimos en testificar acudían a su juzgado pero se negaban a declarar alegando que la jueza no era competente para proseguir la causa. También la Junta, sobre la que pesa la mayor trama de corrupción de su historia, ha instado reiteradamente a la jueza a elevar la causa al Supremo. Pero Alaya ha continuado su investigación bordeando a los posibles responsables políticos protegidos por el aforamiento, y dejando un hueco en la instrucción que le permitía seguir adelante. En septiembre de 2013, sorprendió a toda la magistratura creando una nueva figura jurídica para implicar en la trama a Chaves, a Griñán y al resto de aforados: «preimputados». Desde entonces están señalados en un caso de fraude sin saber qué delitos les atribuyen ni posibilidad de defenderse legalmente.
Ahora los jueces del Supremo estudiarán el documento de Alaya 20 tomos de los 80 de un sumario con 300.000 folios y solicitarán un informe al respecto a la Fiscalía Superior, paso previo a decidir si abren una investigación contra los aforados o archivan el caso. Fuentes del Alto Tribunal explican que «dada la voluminosa exposición razonada de la jueza, las deliberaciones pueden llevar meses». En cualquier caso, los trabajos de análisis no empezarán hasta septiembre. Si al final el Supremo decide abrir una investigación contra Chaves, Griñán y el resto de aforados si se detectan indicios penales eso se conocerá previsiblemente durante la precampaña a las elecciones municipales (mayo de 2015). Los magistrados tendrían entonces dos posibilidades: asumir el caso ERE al completo o quedarse sólo con la rama político-financiera, donde están los siete aforados. Alaya defiende que la causa es indivisible, que no se puede trocear en piezas separadas, una tesis también avalada por la Audiencia Provincial de Sevilla. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se divida el caso en piezas, una para cada expediente de ayudas investigado, y deje al Supremo sólo la parte política y la trama de empresas de la Sierra Norte de Sevilla, en la que está directamente relacionado Jose Antonio Viera.
La investigación del caso ERE se ha alargado tres años y medio y alcanza a 201 imputados, cifra récord en la historia de la justicia española (hasta ahora era el caso Malaya, de corrupción en Marbella, el que ostentaba el primer puesto). El caso se centra en una trama ilegal en la concesión de ayudas a parados y empresas por parte de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo, epicentro del supuesto fraude. La causa se subdivide en tres ramas: la parte de los llamados intrusos prejubilados y beneficiarios del ERE de una empresa donde nunca habían trabajado, así como empresas que percibieron ayudas indebidas; la parte de los intermediarios (consultoras y aseguradoras) que mediaban entre Empleo y las empresas, cobrando sobrecomisiones millonarias irregulares; y la trama política, que trata de esclarecer si algunos responsables del Gobierno andaluz diseñaron, autorizaron o facilitaron un sistema para la concesión de subvenciones que propició el desfalco del dinero público, dando pie a un posible delito de prevaricación y malversación.
Todo sale del fondo de reptiles El supuesto fraude de ayudas públicas para parados y empresas en crisis caso ERE sale de una partida presupuestaria concreta, la 31M, dotada con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. La investigación empezó abarcando ese periodo y al final se amplió hasta 2012. El dinero que salía de ahí lo autorizaba el principal imputado en el caso, Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo, que fue quien bautizó la partida como «fondo de reptiles». La investigación se centra en 162 expedientes de ayudas de prejubilación (con 528 millones pagados) y 275 subvenciones a empresas (de 127 millones) entre 2000 y 2010, un 5% del total que se concedieron. Entre los 201 imputados, hay políticos, empresarios, sindicalistas, abogados, consultores (11 han pasado por prisión). Entre los implicados más destacados, el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; abogados de los bufetes Garrigues y Villasís, consultoras como Uniter, empresarios como los Ruiz Mateos, directivos de Altadis y Barbadillo, y exmiembros del Gobierno no aforados, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el de Innovación, Martín Soler; o la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, que dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
A los aforados, exmiembros del Gobierno, la jueza les achaca en sus escritos que conocieron los avisos de los interventores que advirtieron de que el sistema que se usaba para otorgar las ayudas era discrecional y podía dar pie a irregularidades. La Junta siempre ha defendido que estas advertencias eran sobre el procedimiento administrativo, pero que nunca se alertó de un delito o de un menoscabo de fondos.
El sistema que se cuestiona es el de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, que pasaban por el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Esas transferencias de financiación, que ayudaban a agilizar las subvenciones para desatascar conflictos laborales, desembocó en la concesión «arbitraria de ayudas» sin cumplir «los principios de objetividad, igualdad y no discriminación, con ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio». Sobre esta figura se sostiene la preimputación de los siete aforados. Las transferencias de financiación son usadas por todos los gobiernos, incluido el central, para equilibrar las cuentas en la elaboración del presupuesto, pero Alaya cree que sirvieron para hacer un «uso ilícito y continuado de fondos públicos».
