Sin esperar a que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre la fianza de 29,5 millones de euros impuesta a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, la jueza Mercedes Alaya ya ha dado orden de embargo de seis inmuebles y cinco cuentas, una de ellas en Luxemburgo. La magistrada, que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha tomado la decisión justo una semana después de que la imputación de Álvarez fuera confirmada por la misma Sala que ahora tiene que decidir se le levanta o le mantiene la medida cautelar. Estos magistrados también tendrán que resolver el recurso presentado por Anticorrupción en el que insiste en dividir la causa y en enviar una parte del caso al Tribunal Supremo al afectar a aforados.
En el decreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 le requisa a la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuatro viviendas (en Málaga, Benalmádena, Sevilla y Madrid) así como un local y un sótano (en Madrid y Estepona). Igualmente, le embarga cinco cuentas corrientes, una de ellas en Luxemburgo, así como las devoluciones pendientes con la Agencia Tributaria.
Todos estos bienes fueron designados por la propia imputada, a quien Alaya atribuye un papel fundamental en el mantenimiento del sistema que permitió el fraude de fondos públicos durante una década, cuya posesión ostenta al 50 por ciento en casi todos los casos. Sin embargo, la instructora cree que «no son suficientes para asegurar los 29,5 millones de euros de fianza, por lo que ordena «proceda la averiguación» de otros posibles bienes a nombre de Álvarez.
El embargo se produce una semana después de que la Audiencia confirmara la imputación, aunque aún está pendiente que se pronuncie sobre la fianza, ya que Álvarez recurrió, por lo que si finalmente la Sección Séptima le da la razón a la exconsejera, Alaya tendría que proceder a levantar los embargos. La Sección Séptima también tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción en el que insiste en que debe dividirse la causa en varias piezas y elevar parte al Tribunal Supremo, después de que Alaya alegara que la «instrucción no está suficientemente avanzada» aunque sí podría finalizar «en breve plazo». El fiscal recuerda que la jueza ni siquiera se pronunció sobre la elevación al Supremo, sino que se limitó «a denegar la formación de piezas».
La Fiscalía alude al escrito en el que solicitó la división en tres partes y la elevación al Alto Tribunal de la que hace referencia al sistema para otorgar las subvenciones de los ERE, y el presentado para solicitar la formación de una pieza referente a las ayudas otorgadas en la Sierra Norte de Sevilla. En este último caso, el fiscal incide en que «entiende ya agotada la investigación del caso sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero». Un planteamiento que vuelve a dejar patente elas posturas encontradas entre la magistrada y el Ministerio Público, que no se ha visto respaldada por algunas de las defensas de los imputados. Algunos abogados, como Juan Carlos Alférez, han presentado escritos en los que alegan que «la fragmentaria y atomizada divisibilidad de la causa» que propone el fiscal podría provocar «sentencias contradictorias» y condenas «injustas».
Por otro lado, Alaya ha autorizado a la Guardia Civil para que interroguen al empresario Juan Ruiz Cobo, que se encuentra en prisión por otra causa, para aclarar una ayuda de 384.841 euros a dos entidades de Jaén. Ayer, además, estaba citado José María Ruiz-Mateos, el quinto hijo del empresario jerezano imputado en la causa, que no compareció porque no ha rebinido la citación.
