El local que ocupa el restaurante Río Grande, situado en la calle Betis a orillas del Guadalquivir, ha sido embargado por orden de la jueza Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). El motivo es que su propietaria, María del Carmen García, está imputada por introducir dos intrusos en el expediente del negocio y la jueza le reclama una fianza de casi dos millones de euros. Como ella no ha respondido con sus bienes, la magistrada ha decidido confiscar el local la ser la entidad Río Grande responsable civil subsidiaria.
En mayo de 2012, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ya decretó que «el embargo de la total participación íntegra» que García poseía como propietaria del restaurante, después de que no consignara «ninguna cantidad en la cuenta este juzgado, a pesar de los beneficios que produce la entidad». Y es que la magistrada le impuso en diciembre de 2011 una fianza civil de 1.990.689,36 euros , ya que por «su condición de empresaria tiene un mayor grado de responsabilidad, por su mayor capacidad de actuación y de decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama». Una cantidad que incluye la totalidad de la cuantía que pagó la Junta por el ERE de la empresa, en el que se prejubilaron 13 personas. García recurrió esta decisión, que fue confirmada por Alaya en mayo de 2012.
Alaya ha embargado el local para asegurar la fianza impuesta a María del Carmen García, imputada en los ERE. / Javier Cuesta
Ahora la instructora decreta este nuevo embargo en vista de que aún no se han cubierto esos dos millones de euros de responsabilidad civil ha acordado ampliar el embargo sobre sus bienes, extendiéndolo así la finca destinada a bar y restaurante ubicada en la dársena del Puerto de Sevilla, otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, así como un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila) a nombre de la empresa. Igualmente, ordena el embargo telemático de sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria. No obstante, en el decreto la magistrada deja claro que estos bienes se confiscan «sin perjuicio de que por la imputada se puedan designar nuevos bienes sobre los que trabar embargo». García está imputada por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y por obtención indebida de ayudas de las administraciones públicas, según consta en el acta de su declaración ante Alaya, que se produjo el 15 de septiembre de 2011. García aseguró entonces que fue víctima de «un engaño» perpetrado por el comercial de la asegura Vitalia Francisco González y por el exsindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, ambos imputados en la causa, a los que denominó «trileros».
En el ERE de Río Grande aparece como prejubilada una persona que nunca trabajó en la empresa, Carmen Fontela, y una mujer de 64 años que fue contratada poco antes de que se llevara a cabo el expediente de regulación. García dijo que ésta última era una «cliente habitual», a la que contrataron porque tenía «muchos contactos»; mientras que dijo que desconocía cómo apareció el nombre de Fontela en los papeles. Ella lo achacó a la aseguradora y a su despacho de abogados, Estudio Jurídicos Villasís, en el que trabajaba Lanzas. El ERE fue financiado por completo por la Junta, pese a que ella misma reconoció que hubiera podido asumir su coste. El restaurante fue registrado por la Guardia Civil en octubre de 2013 dentro de la segunda fase de Heracles por si se localizaban pagos a Lanzas que no se hubieran detectado antes.
