Alaya embarga la indemnización por despido al exconsejero Empleo

A la vez, la juez Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros.

el 30 nov 2013 / 12:18 h.

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha confirmado su decisión de embargar los 31.400 euros de indemnización por despido que recibió el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, dentro de las medidas para hacer frente a su fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros. La juez Mercedes Alaya acordó en marzo pasado embargar la indemnización por despido de Fernández en la bodega jerezana González Byass, pero en julio admitió a trámite un recurso del afectado contra dicha decisión, han indicado fuentes judiciales. Ahora, sin embargo, acepta el razonamiento del fiscal y dice que no cabe posterior recurso contra un auto que se haya pronunciado sobre un decreto del secretario judicial, como ocurrió en este caso. El Juzgado de los ERE acordó embargar la indemnización por despido de Fernández ya que el Estatuto de los Trabajadores no considera que este tipo de pagos tengan la consideración de "salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente" a efectos de embargo. Al no tener la consideración de salario, según Alaya, es "plenamente ajustada a Derecho" la decisión de embargar esa cantidad, que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede aplicarse a todas las "rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo". La defensa del exconsejero había recurrido para que no fuesen embargados los 31.400 euros de su despido en la bodega jerezana González Byass, cantidad que cobró y que se une a los 386.181 euros de los que fue adjudicatario dentro del ERE aprobado en el año 2008 pero a los que renunció. Fernández está imputado en el caso de los ERE por su propia inclusión en el expediente de González Byass y por las ayudas concedidas bajo su mandato entre 2004 y 2010, razones por la que estuvo entre abril y agosto de 2012 en prisión y quedó libre tras depositar una fianza en efectivo de 450.000 euros. A la vez, la juez Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros. Ahora, la juez admite el recurso del fiscal y deja sin efecto su propia providencia para trasladar a las demás partes el recurso de Fernández.

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