La jueza Mercedes Alaya ha ordenado que se embarguen bienes y cuentas de 17 imputados en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre ellas las del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 marzo y a quien le impuso una fianza de 686.190.686 euros en concepto de responsabilidad civil. También destaca el embargo de "la total participación" de Carmen García Sánchez sobre el restaurante Río Grande de Sevilla, del que es administradora única. A la empresaria le reclama una fianza de casi dos millones de euros.
La magistrada ha tomado estas decisiones ante la falta de respuesta por parte de los imputados, a quienes les reclamó una lista de bienes con los que poder hacer frente al pago de las fianzas. Así, a Guerrero le embarga cinco cuentas bancarias en las que aparece como titular y de los inmuebles que, "tras su búsqueda, sean hallados, por los importes que quedaren en su caso por cubrir a la vista del resultado del embargo del saldo de las cuentas corrientes.
A la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, la jueza le embarga cuatro cuentas para poder cobrar la fianza de 258.539 euros impuesta por cobrar una póliza al ser incluida en el ERE de SOS Cuetara, pese a no haber trabajado nunca en la empresa. Además, también ordena embargar las cuentas de Carmen Fontela, la intrusa en el ERE de Río, Grande a quien le impiso una fianza de 101.079,74 euros.
Asimismo, ordena embargar al exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, por valor de 33.870,15 euros, la finca de su propiedad ubicada en dicha localidad.
La jueza también notificó ayer la resolución a los recursos presentados por algunos de los intrusos, entre ellos Carmen García y Carmen Fontela, confirmando la fianza impuesta. Alaya únicamente estima "parcialmente" el recurso de Rafael Ruiz, vecino de Córdoba a cuyo nombre está una póliza a favor de la compañía Cespa S.A., y a quien impuso una fianza de 118.555,79 euros, de lo que ya ha sido consignado 54.990,03 euros. La jueza la ha rebajado a 48.288,76 euros, al descontarle el tercio de más legal impuesto de la parte ya entregada.
