La jueza Mercedes Alaya impuso ayer a cinco imputados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de Dhul fianzas de responsabilidad civil que suman en total 1.635.255 euros. Un expediente por el que la Junta de Andalucía aportó 10,5 millones de euros y pagó otros 589.088 euros en intereses por incumplimiento de plazos. En cambio, Alaya no ha acordado ninguna medida sobre el que fuera abogado del empresario José María Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos. En concreto, las fianzas impuestas por la magistrada son de 706.277 euros tanto para Rafael Carvia, exdirector general de Dhul, como para Carlos Santandreu, ex apoderado. Igualmente, para Miguel Espínola uno de los supuestos intrusos en el ERE, es de 124.471 euros; mientras que para Fernanda García Vilches, que fue incluida por ser esposa del sindicalista Damián Jiménez, exsecretario de Alimentación del sindicato CCOO en Jaén, solicita una fianza de 98.230 euros. La magistrada, sin embargo, no acuerda ninguna medida contra el exabogado de la familia Ruiz Mateos, propietaria de Dhul, para quien ni la Fiscalía ni la Junta pidieron medida alguna contra él. El letrado, que se defiende a si mismo, declaró ante Alaya que los Ruiz-Mateos pagaron 600.000 euros al conseguidor de los ERE Juan Lanzas por cada uno de los cinco ERE del grupo en los que medió en Andalucía, en dinero B y billetes de 500 euros. La magistrada explica en su auto que el compromiso de pago de la Junta en Dhul fue de poco más de 10 millones de euros pero la cantidad real abonada fue de 10.594.159 euros ya que la Junta pagó 589.088 euros de más, «que pueden obedecer a los intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pago». Además, explica que esta subvención fue en realidad «una ayuda a empresa para llevar a cabo varios proyectos de inversión que revirtieron en beneficio de la misma y que venían acordados antes de la solicitud». Además de los intrusos citados, Alaya recuerda que en el expediente también aparecen Ángeles Sierra, cuñada de Lanzas, y su marido Carmelo Cruz.