El exsindicalista y conseguidor de los ERE fraudulentos, Juan Lanzas, antes de ingresar en prisión.
La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 34 millones de euros a Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE fraudulentos, una cifra muy inferior a la que había solicitado la Fiscalía (145 millones). La jueza que instruye el fraude de los expedientes de regulación de empleo (caso ERE) también impone una fianza civil a su esposa de 14 millones y embarga a la pareja siete fincas. La apertura del secreto de sumario esta semana ha revelado las cantidades que la jueza le reclama a otros nueve imputados por el supuesto expolio a las arcas públicas, y que en total suman 410 millones. A estas alturas de la investigación, las fianzas civiles de los principales imputados del caso ERE, incluido el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, y los otros seis exaltos cargos de la Consejería de Empleo elevan la cifra total a 2.573 millones, la mitad de las indemnizaciones reclamadas a todos los encausados del caso Malaya en Marbella.
En un auto del 27 de mayo, Alaya impone una fianza civil de 14,7 millones a la mujer de Lanzas, Patrocinio Sierra, y decreta el embargo de siete fincas de la pareja ubicadas en Jaén y Granada, ya que la elevada cuantía de las eventuales responsabilidades pecuniarias hace aconsejable invertir la regla general y decretar el embargo de bienes de cada uno de los imputados, informa Europa Press. También fija una fianza de 1,9 millones para el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y decreta el embargo de cuatro fincas de la entidad Maginae Solutions, de la que figura como socio único el imputado; otros 111,7 millones a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, y cinco millones para la esposa de éste último, María José Marcos, embargando al matrimonio 22 fincas registradas a su nombre o al de la sociedad Permar 21. Igualmente, impone una fianza de 15,2 millones al exempleado de Vitalia Jesús Bordallo, a quien embarga tres fincas, y de 400.000 euros para Rosser Masa, de Fortia Vida. Alaya descarta elevar la fianza civil a Guerrero (en marzo de 2012 fijó su responsabilidad pecuniaria en 686 millones), a quien dejó salir de prisión sin fianza penal hace tres días.
La jueza argumenta que, aunque, a día de hoy, faltan elementos importantes que puedan influir en la cuantificación de dichas responsabilidades, conociendo por el avance de la investigación que sólo podrían justificar un incremento de las mismas, resulta procedente el dictado de dichas fianzas. Todas ellas se suman a las que ya reclamó al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (807 millones); al viceconsejero Agustín Barberá (490 millones) y a los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez (173 millones) y Daniel Rivera (7,2 millones). Sobre este último, la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado su imputación en la causa, al considerar que continuó con las prácticas irregulares de sus antecesores, Guerrero y Márquez. A juicio de la Sala, existen hechos reveladores de la posible prevaricación y malversación en la tramitación y ejecución de ayudas sociolaborales a empresas andaluzas con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas en las que incluían a personas que no habían trabajado en dichas firmas, los llamados intrusos.
Por otra parte, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, insistió ayer en que el sindicato ha actuado correctamente en la tramitación de los ERE, y aseguró estar dispuesto a facilitar a la jueza la documentación que se requiera, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado a Alaya la contabilidad de los sindicatos UGT y CCOO para que se investigue factura a factura. La Guardia Civil atribuye a las aseguradoras Vitalia y Uniter y al despacho de abogados Villasís, quienes tramitaron la mayoría de los ERE fraudulentos, el reparto de 7,6 millones procedentes de sobrecomisiones a UGT y CCOO a través de sus federaciones sectoriales o compañías de correaje.
