Alaya apunta a la imputación de Chaves, Griñán y cinco exconsejeros

Los invita a declarar ante “cierta carga incriminatoria por presuntos delitos de prevaricación y malversación”.

el 10 sep 2013 / 13:12 h.

imputados La jueza Mercedes Alaya ha abierto la vía para la imputación en el caso de los ERE de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco exconsejeros, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y José Antonio Viera. La magistrada firmó ayer, día de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, un auto con el que da los primeros pasos hacia la cúspide de la pirámide política que ella mismo declaró en su instrucción que perseguía en este presunto fraude tejido durante una década con fondos de Empleo. La magistrada firma un escrito no exento de polémica y en el que no imputa directamente a los exaltos cargos de la Junta, puesto que como diputados, en el Congreso o el Parlamento andaluz, están aforados ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Alaya es consciente de esa limitación legal pero prácticamente invita a los dirigentes socialistas a que se personen en la causa abierta para defenderse. La magistrada declara que va a “agotar” todas las vías de investigación para “determinar el grado de responsabilidad de los aforados” antes de remitir la causa al tribunal superior competente. El nuevo paso dado por la jueza Alaya, con el que señala por primera vez de forma directa las posibles responsabilidades de los dos expresidentes de la Junta en el fraude de las ayudas de Empleo, fue una bomba que estalló mientras el flamante Gobierno de Susana Díaz tomaba posesión a escasos metros de los juzgados sevillanos, en el Palacio de San Telmo. No era ningún secreto que la magistrada iba a apuntar hacia arriba en la presunta trama corrupta, pero sí sorprendió la forma en la que lo hizo. Lejos de directamente separar esta pieza política y enviarla al Supremo o al TSJA, señala a los responsables políticos y prácticamente los invita a que acudan a su juzgado. El auto llega en pleno relevo en la presidencia de la Junta, tras la marcha de Griñán, que no ha ocultado que su dimisión estaba ligada a la “erosión” que el caso de los EREestaba haciendo a la Junta. No obstante, los socialistas han defendido siempre que no había indicios para la imputación de los expresidentes autonómicos. En el caso de Ávila y Martínez Aguayo, la jueza los señala solo un día después de que se confirmara su salida del Ejecutivo autonómico. El auto de Alaya, que ya ha imputado a otra veintena de exaltos cargos socialistas en una instrucción que dura dos años y acumular más de un centenar de imputados, es una especie de aviso pero no consuma ninguna imputación. Para ello se basa en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a diputados y senadores “ejercitar su derecho de defensa” cuando se les impute un acto punible. Un artículo que la propia magistrada califica en su auto de “confuso” pero en el que se basa para invitar a los expresidentes y exconsejeros a que acudan a su juzgado a dar su versión de los hechos. Esto sitúa a los políticos señalados en una especie de limbo. Hay juristas que creen que directamente deberían de ignorar el auto hasta que la jueza eleve el asunto al Supremo o al TSJA. Lo contrario supondría que acudieran ante la magistrada en un acto de autoinculpación sin precedentes. La jueza incluso admite en su auto “la notable repercusión en los medios de comunicación” y la “influencia negativa” que esto tiene y por eso, dice, los invita a convertirse en parte del proceso personándose en la causa. La magistrada indica que “el juzgado ha ordenado una serie de declaraciones que abarcarían la gestión presupuestaria y de la ejecución del presupuesto, “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”. En este sentido, Alaya asegura que estos exresponsables políticos tendrían “cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”. El caso de los ERE investiga durante una década el reparto de ayudas de la Consejería de Empleo para empresas en crisis.Estas ayudas, según la instrucción judicial, se habrían repartido al margen de la ley de subvenciones y utilizando un camino paralelo (transferencias de financiación) que permitía eludir los controles.En este sentido, Alaya subraya en su auto que se provocaron “millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década”. La jueza señala que “el estado de la investigación presenta ahora unos elementos configuradores muchos más precisos que hace relativamente poco tiempo”. Recuerda además que al fraude de las pólizas, donde supuestamente se incluyeron intrusos ajenos a las empresas en liquidación y que eran afines al PSOE o familiares y amigos de los altos cargos imputados, se suma el pago de sobrecomisiones a las aseguradoras y “las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos”. Además, la magistrada recuerda en su auto que la Guardia Civil sigue practicando “múltiples diligencias” para determinar el “uso ilegal y continuado de fondos públicos”. Señala a la Sierra Norte de Sevilla, donde se desvió el grueso de un fraude que se alimentó de un fondo de unos 1.500 millones de euros del que se pudo malversar unos 140 millones, según la instrucción entre intrusos, sobrecomisiones y ayudas directas a empresas en crisis. El auto de la jueza apunta directamente a las declaraciones del exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, además de “relevante documentación aportada” como claves para señalar a los aforados. Con este auto, Alaya cuestiona a dos expresidentes de la Junta y cinco exconsejeros del Gobierno andaluz, poniendo en entredicho toda una década de gobiernos del PSOE en Andalucía. Las reacciones no se hicieron esperar. Para el PSOE es una “imputación mediática” pero no formal, mientras que para el PP, se “derrumban los pilares” de la Junta de Andalucía. Queda esperar a que la Fiscalía Anticorrupción, que se pronunció ayer, indique si recurrirá o no este auto. Si los señalados no atienden las directrices de la jueza y no se personan en la causa, fuentes jurídicas señalaron que tras este auto la magistrada podrá apurar más tiempo sus investigaciones antes de acudir al Supremo o al Alto Tribunal andaluz. PDF del auto de la jueza Alaya  

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