Alaya imputa a dos exdirectivos de Barbadillo

Toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena

el 04 may 2014 / 11:08 h.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena, cuyas ayudas están siendo investigadas. Alaya_02Los imputados son Pascual Capputo Pérez, expresidente del grupo bodeguero, y Manuel Valdecantos, ex director general, que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena desde 2003, fecha en la que dicho grupo empezó a adquirir participaciones de la entidad Tierra Virgen de Alimentación con la intención de introducirse en el grupo vinculado a los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, ya imputados. Según el auto de imputación, al que ha tenido acceso Efe, en noviembre de 2005 el Grupo Barbadillo adquirió la mayoría de acciones del Matadero, por lo que Capputo pasó a ser vicepresidente y Valdecantos consejero solidario. A partir de 2006, el Matadero recibió varias subvenciones de la Junta: dos de 600.000 euros, una de 9.300 euros del FEOGA en 2006, otra de 41.528 euros en 2007, una de 1.150.000 euros de la agencia andaluza IDEA, otras dos del FEOGA de 32.137 y 187.297 euros y de nuevo dos ayudas de 281.042 y 21.381 euros de fondos europeos. La declaración de estos dos empresarios se producirá en el contexto de los 15 nuevos imputados por Alaya, lo que ha elevado a 166 las personas acusadas por el caso de los ERE entre empresarios, mediadores, "intrusos" que no tenían derecho a las ayudas y altos cargos de la Junta. Fuentes del caso han indicado a Efe que es previsible que ambos se acojan a su derecho a no declarar y entreguen a la prensa un comunicado exponiendo su posición. Los empresarios Rosendo y Sayago comparecieron ante Alaya el pasado 30 de abril y se acogieron a su derecho a no declarar, tras lo cual la Fiscalía Anticorrupción solicitó para cada uno de ellos una fianza civil de 25,7 millones de euros por las ayudas percibidas para sus 18 empresas de la Sierra Norte sevillana.

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