La jueza Mercedes Alaya ha imputado a seis personas más por el fraude de los ERE, con lo que la causa alcanza ya los 229 imputados. Entre los nuevos implicados, que han sido citados a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre, se encuentra el director general de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila; y el que era responsable de Caja Rural de Granada en 2007 Dimas Rodríguez.
En un auto, la magistrada acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a varias personas relacionadas con las pólizas de FCC, Cespa, Dhul e Hitemasa. En el primer caso, además de García Gila, Alaya también imputa al que era responsable de Recursoa Humanos de Cespa Salvador Tudela. Según la instructora, durante el conflicto de la limpieza de Granada en 2006 "ambos participaron en negociaciones que culminaron en el convenio colectivo" de abril de 2006. Un documento que meses después daría lugar a que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero firmara "sin tramitación ni expediente alguno y con falta de competencia para ello" la suscripción de pólizas por las que las citadas empresas "percibirían 452.000 euros cada una de ellas".
En dichas pólizas aparece la Direccion General de Trabajo "como tomador" y, según la jueza, "todo se habría llevado a cabo sin procedimiento alguno" y "sin que mediara solicitud de ninguna ayuda o subvención" por parte de estas empresas. "La Junta de Andalucía asumió obligaciones que eran de las empresas", añade Alaya, para quien "tal actuación era una mera liberalidad, financiada con fondos públicos". Es más, asegura que "la carencia de procedimiento" era tal que incluso las pólizas se llegaron a abonar por el método "de pagos cruzados", es decir, pasando fondos de una póliza a otra para poder hacer frente a la misma. Por último, sobre este ERE, la instructora apunta a que los nuevos imputados serían conocedores de que en el mismo aparecen "intrusos" lo que supuso un sobrecoate de 1,5 millones de euros para la Junta.
En cuanto al ERE de Dhul, Alaya imputa al ya citado ex director general de Caja Granada; a la directora de Inversiones de la entidad, Rafaela Ruiz; y al director de la oficina principal de Granada, Miguel Ángel Martos Alcalde. Para la magistrada, los tres "participaron en la instrumentalización ideada" para que la entidad "amortizara el préstamo que tenía Dhul a través de la Junta de Andalucía". Alayale da, además, cinco días a Caja Granada para que le aporte todos los expedientes relativos a este préstamo.
La magistrada también cita a la viuda de un intruso en el ERE de Hitemasa, César Braña, como responsable civil, ya que gracias a la póliza suscrita para su marido, "que nunca trabajó en la empresa", percibió más de 53.300 euros. La última imputada es la trabajadora de la aseguradora Vitalia Rosario González Agulló, a quien su superior Jesús Bordallo envió un correo para que se le abonase a todo el consejo de administración de Hitemasa un total de 18.000 euros.
