En 2006 ocho empresas del sector inmobiliario concurrieron al concurso público convocado para la venta de los terrenos de Mercasevilla en los que, tras su traslado, iban a edificarse más de 2.000 viviendas. Sanma, filial del Grupo Sando, resultó ganadora al ofertar 107 millones, 50 menos de los que ofreció el Grupo Noga, otra de las concurrentes. Seis compañías más concursaron pero la jueza Mercedes Alaya, que investiga presuntas irregularidades en esta operación, cree que eran de relleno y que presentaron ofertas bajas o incompletas a posta porque existen relaciones entre ellas y con Sando. En un auto del 7 de junio ha citado a declarar como imputados como solicitó el fiscal a los máximos dirigentes de cinco de esas empresas:Realia Business, Prasa, Azucarera Larios, Edamar (hoy absorbida por Noralia) y Construcciones Juan de Robles. El 14 de junio desfilarán por los juzgados los dirigentes de las principales constructoras andaluzas.
En el mismo auto reclama a la Guardia Civil el informe sobre su investigación del posible enriquecimiento ilícito del imputado Domingo Enrique Castaño, exasesor del Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE e IU (el exteniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos está imputado). También retoma el día 13 las declaraciones suspendidas el verano pasado del arquitecto técnico del área municipal de vía pública Alfredo Delmo (como imputado) y del presidente de la federación de mayoristas del mercado, José María Morillo (testigo).
Los seis empresarios imputados son: Ignacio Bayón (presidente de Realia), José Romero (presidente de Prasa), Bárbara Gutiérrez-Maturana (presidenta de Azucarera Larios), Martín Eugenio y Antonio Vicente Sánchez-Ramade (presidente y apoderado respectivamente de Edamar) y, por error, Eduardo Báñez González, padre de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que fue consejero delegado de Construcciones Juan de Robles pero falleció hace 12 años.
Alaya señala que existen indicios de que Mercasevilla y Sando concertaron la adjudicación del concurso a la segunda y que pudo haber idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sando. En definitiva que estas entidades pudieron participar en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Se basa para ello en un informe de la Guardia Civil que establece relaciones societarias entre Sanma, Realia, Azucarera Larios y Edamar (Noralia) directas, al compartir delegados y apoderados en sus consejos de administración, o indirectamente a través de terceras entidades comoDesarrollo Urbanístico Sevilla Este y Landscape Espais (otra concurrente y presuntamente vinculada a la perdedora Noga)o Uniones Temporales de Empresasconstituidas para operaciones urbanísticas concretas.
En el caso de Pra y Construcciones Juan de Robles, la Guardia Civil reconoce que no ha hallado relaciones societarias con el resto de concurrentes pero sí otro tipo de relaciones, como la compraventa de una finca en Huelva entre Construcción Juan de Robles y Sanma o la unión de Prasa y Realia para urbanizar unos terrenos en Madrid y la de Prasa y Edamar en una junta de compensación de propietarios de suelos afectados por un Plan Parcial en Málaga.
En sus alegaciones, Sanma niega capacidad de decisión en las otras entidades pese a compartir cargos y alega que las relaciones contractuales entre empresas del sector para determinadas operaciones señaladas en el informe de compraventa de suelos y acciones son legales y normales, están en las auditorías de sus cuentas y muchas son posteriores al concurso.
