Alaya imputa a otras seis personas por el ERE de Dhul

Entre los nuevos implicados está otro hijo del empresario jerezano Ruiz Mateos, al que amplía su imputación, y el que fuera su letrado.

el 04 abr 2014 / 13:30 h.

ruiz-mateos-hijos-portada Seis imputados que elevan a 151 la lista de implicados en el fraude en lo expedientes de regulación de empleo (ERE). La jueza Mercedes Alaya ha tomado esta decisión tras recibir el atestado policial sobre el ERE de la empresa Dhul, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, y detectar nuevos hechos delictivos en los que estaría implicado otro de los hijos del empresario jerezano, al que también amplía su imputación, y el que fuera su abogado durante muchos años Joaquín Ivancos, que ayer defendió su inocencia. Entre estos implicados, que están citados a declarar la próxima semana, hay tres nuevos intrusos incluidos por el exsindicalista Juan Lanzas, cuya mediación ante la Junta fue «importante» en este ERE, según Alaya. La empresa llegó a recibir más de diez millones de euros en ayudas de la Administración andaluza. En un nuevo auto dictado ayer, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 recuerda que el 26 de diciembre de 2001 el director comercial de Dhul, Rafael Carvia, firmó un protocolo de colaboración con el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien «a través de las influencias ejercidas por Juan Lanzas» mostraría «su disposición a gestionar las ayudas a prejubilación». Así, tras presentarse el ERE se le encomendó al IFA el pago de las ayudas «por importe de 7.605.282, sin que en dicho expediente hubiera solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna». «A instancias» de Carvia se solicitó una ampliación de la ayuda, dice la jueza, pues «la póliza de prejubilaciones había sufrido un coste adicional de 2.399.785,40 euros», a lo que se accedió. Cuantía que de nuevo fue asumida por el IFA, «si bien dicha cantidad era para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo éste último que presuntamente conocía la Administración», para lo que se falseó el convenio. Esto hizo que el compromiso de pago ascendiera a 10.005.070,46 euros, aunque el IFA abonó 589.088,85 euros de más «que puede ser por los intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos». Además de Carvia, Alaya también ha imputado a Álvaro Ruiz-Mateos, como administrador de Dhul, y a Carlos Sandreu Soriano, que tras varios cargos en la empresa fue nombrado director general en 2006. Según la jueza éste habría «participado también en la tramitación del ERE de forma activa, tanto en el proceso de elaboración de la documentación para la solicitud del mismo como en los trámites posteriores». Tras analizar el atestado de la Guardia Civil, la magistrada considera que Lanzas tenía «un papel importante como mediador o intermediario» con la Dirección General de Trabajo, lo que le permitió incluir como «intrusos en este expediente a su cuñada Ángeles Sierra García y el marido de ésta Carmelo Cruz Porcel», ambos ya imputados. También aparecen como intrusos «José Egea Parra y Miguel Espínola Palma, ambos trabajadores autónomos y que fueron contratados por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE». La tercera intrusa detectada ahora es Fernanda García Vilches, que nunca trabajó en la compañía y que es esposa del exsecretario provincial de Alimentación de CCOO en jaén Damián Jiménez Rueda, «quien prevaliéndose de su amistad con Juan Lanzas, motivó la inclusión de su mujer en la póliza individual a sabiendas de su ilicitud». Por último, sobre Ivancos, que fue abogado de los Ruiz Mateos y administrador mancomunado del Hotel Cervantes, la jueza cree que «sería conocedor y participe de las irregularidades» de los ERE de Dhul y del hotel, y del «tráfico de influencias a favor del Grupo Nueva Rumasa» que logró Lanzas con la Junta, así como de los 600.000 euros que éste «recibía por cada ERE».  

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