Braulio Medel, presidente de Unicaja. / EFE
La jueza Mercedes Alaya ha redactado un nuevo auto en el que imputa a 16 nuevos altos cargos y en el que apunta al corazón de las cajas andaluzas por su supuesta implicación en la concesión de ayudas fraudulentas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla. La magistrada señala a toda la cúpula directiva de la Agencia IDEA desde 2001 a 2009, eludiendo a los aforados, e imputa a los presidentes de Unicaja, Braulio Medel, y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón. También cita a declarar al exviceconsejero de Relaciones Institucionales el andalucista Juan Carlos Soriano. Los imputa por delitos de prevariación, malversación y falsedad.
Es la primera vez que Alaya apunta a la cúpula de las cajas andaluzas en una investigación que está a punto de alcanzar ya los dos centenares de imputados (182) y que con este nuevo auto da otro salto cualitativo importante, cuando se suceden las voces que instan a la magistrada a que eleve el caso al Tribunal Supremo y dé por agotada la instrucción. Para la próxima semana Alaya ha abierto una nueva ronda de citaciones con los imputados. Medel está citado el miércoles 20.
El auto fue redactado el martes pero conocido en la mañana de ayer y hasta última hora no fue difundido. La jueza también relaciona en los ERE al que fue jefe de los servicios jurídicos de la Junta hasta 2012, Francisco del Río. Entre los exdirectivos de IDEA imputados, según ha podido conocer este periódico, figuran Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera Gil, Ana Peña, Ángel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez, José Domínguez, Joaquín Moya y Felipe Romero. Algunos ocupan hoy puestos de responsabilidad y dirección en la Junta.
En total, el auto apunta a 25 imputados porque también amplía los cargos al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exvinceconsejero Agustín Barberá y al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, entre otros.
El auto está relacionado con el último informe de la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla. La investigación policial señala la «participación esencial» del exconsejero de Empleo y diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera en el reparto «discrecional» de 32,6 millones de euros a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Benefició a un grupo de empresas pertenecientes a los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. La jueza implica a la cúpula de IDEA en este reparto.
RECURSO. Este nuevo escrito se conoció el mismo día en el que los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta advirtieron a la magistrada de que «criminalizar una política, como hace la instructora, es intentar criminalizar la decisión de los representantes del pueblo andaluz». Así de contundentes se muestra en su escrito el abogado de los dos exdirectores, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, en el escrito que ha vuelto a presentar contra su imputación después de que la jueza Alaya concretara la implicación de ambos por orden de la Audiencia Provincial. El abogado acusa ahora a la jueza de «extralimitarse» en sus funciones. Para el letrado el nuevo auto de la jueza «no concreta cómo se produce la participación de los exdirectores en los delitos de prevaricación y malversación», ya que Alaya «enuncia los delitos pero no establece la necesaria conexión entre los elementos típicos de estos delitos con los hechos atribuidos» a ambos.
La jueza también ordenó este jueves que la Guardia Civil inspeccione el contenido de un pendrive con el logo de la Junta que ha entregado una imputada después de recibirlo de forma anónima y que contiene documentos sobre el fraude los ERE. El abogado de la exasesora de Empleo María José Rofa, imputada también, ha entregado a la magistrada un pendrive con el logo de la Junta que le ha llegado por «correo ordinario» y de forma anónima a la dirección de su antiguo despacho profesional, que contiene archivos relacionados con la causa.
La magistrada también dictó ayer una providencia en la que le deniega al que fuera propietario de la aseguradora Uniter José González Mata la devolución del DNI y la petición de «una pensión alimenticia con cargo a los fondos de sus empresas», que él cuantifica en 3.000 euros mensuales.
