Alaya incluye por sorpresa a Zarrías y a Moreno como ‘preimputados’ en los ERE

La jueza ha ampliado de siete a nueve la lista de exmiembros del Gobierno andaluz contra los que ve indicios penales en el fraude de ayudas, una investigación que ya ha remitido al Supremo

el 13 ago 2014 / 14:48 h.

alaya-veranoLa jueza Mercedes Alaya ha incluido en el escrito que elevó al Tribunal Supremo los nombres de dos exconsejeros de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías (1996-2009) y Mar Moreno (2010-2012), elevando a nueve el número de aforados implicados en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (caso ERE), confirmaron ayer fuentes jurídicas. Zarrías y Moreno no aparecían en la lista de responsables políticos a los que la jueza había señalado en sus autos como «preimputados», hasta ayer, que fue adelantado por El Mundo. Alaya no tiene competencias para enjuiciar a personas que disfrutan de aforamiento, por eso después de tres años y medio de instrucción –y 201 imputados– se inhibió y remitió al Supremo la parte del sumario que señala a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros cinco exconsejeros: el extitular de Empleo y ahora diputado en el Congreso, José Antonio Viera, y los diputados andaluces Francisco Vallejo (Innovación), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Antonio Ávila (Economía) y Manuel Recio (Empleo). Estos siete nombres aparecían en los autos como «preimputados», una nueva figura legal que Alaya inventó para atribuirles indicios penales, pero sin llegar a imputarles ningún delito concreto, dado que no es competente para juzgarles. En la lista, que conocía tanto la Fiscalía como las partes personadas, no aparecían ni Zarrías ni Moreno, aunque durante la investigación Alaya mostró en más de una ocasión su interés por aclarar qué papel jugó Zarrías en la trama, y si contribuyó a mantener el sistema para la concesión de ayudas irregulares. El nombre del exconsejero de Presidencia se menciona varias veces en los interrogatorios a imputados. El abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís (acusado de cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita), habló a la jueza de una comida en la sede de Presidencia entre Zarrías, el empresario José María Ruiz-Mateos y su hijo, otro consejero y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas [acusado de enriquecerse con 13 millones por tramitar varios ERE irregulares]. Leal dijo que Zarrías medió para solucionar los problemas de empresas como Primayor, Dhul y Proasego, en Jaén, a los que la Junta concedería luego ayudas de 6,4 y 9 millones para recolocar a la plantilla de Primayor, cuyo portavoz sindical ante la Junta era Lanzas. Zarrías confirmó esa reunión –el otro consejero fue Martín Soler, también imputado– pero aseguró que el fin fue instalar una planta de Dhul con 150 empleos, un proyecto que no llegó a cuajar. Pese a estas acusaciones, Alaya recibió un informe de la Guardia Civil que aseguraba que la relación entre Lanzas y Zarrías era «de difícil definición» y que los testimonios de los imputados eran «meras conjeturas». En el caso de Moreno, su nombre no aparece en los 300.000 folios del sumario. La diputada fue consejera de Presidencia entre 2010 y 2012, un bienio que la jueza incluyó en la investigación a posteriori [al principio se investigaba el uso irregular de ayudas entre 2001 y 2010]. También en esta etapa surge la «preimputación» del exconsejero de Empleo, Manuel Recio, cuando el fraude ya se había destapado y la jueza había puesto el foco en las transferencias de financiación. Esta figura legal, que servía para agilizar la concesión de subvenciones, sirvió para hacer un «uso ilícito y continuado de fondos públicos», según Alaya. Las transferencias de financiación deben pasar por el consejillo, el gabinete de viceconsejeros encabezado en aquella época por Moreno, y por el Consejo de Gobierno. En teoría, Alaya atribuiría a la exconsejera el mantenimiento de un sistema para conceder ayudas que la jueza considera ilegal. El Supremo dará traslado de la exposición razonada de los ERE al fiscal en septiembre y a partir de ahí deliberará si comparte los indicios de delitos penales que ve la jueza sobre alguno o todos los aforados. Entonces tendrá que decidir si asume la parte política de la causa, varias piezas o todo el caso. La tercera opción, y la menos probable, es que lo archive.

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