El caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos no deja de crecer. Ahora, la jueza Mercedes Alaya ha ordenado que se investigue una serie de ayudas abonadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por valor de 3,5 millones de euros, en virtud de un "compromiso" adquirido entre las viceconsejerías de Empleo y Economía el 26 de enero de 2010. Las pesquisas también se van a ampliar sobre otras 18 ayudas sociolaborales a empresas, desconocidas hasta ahora.
En un auto, Alaya requiere a la Junta de Andalucía para que remita el convenio de colaboración suscrito entre las dos consejerías citadas y que permitió otorgar ayudas sociolaborales a Astilleros de Huelva (por 952.404,89 euros) y los de Sevilla (455.025,14 y 1.325.254,48 euros), así como a Abantia Ticsa (por valor de 450.000 euros). Estas ayudas fueron concedidas por la Dirección General de Trabajo, aunque en las órdenes de pago se recoge que "la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia", en virtud del compromiso asumido por las viconsejerías de Empleo y Economía, que "en definitiva supuso una disposición de fondos de esta última Consejería ascendentes a 3.537.680,15 euros".
Esta situación hizo que el exdirector general de Trabajo Daniel Rivera, citado a declarar como imputado el próximo 11 de julio, emitiera una comunicación a requerimiento del director de finanzas de la Agencia IDEA, en la que aclaraba que "dicho pago debía realizarse en ejecución del Acuerdo de Encomienda de 27 de abril de 2010, tratándose de un compromiso asumido por las viceconsejerías". Por ello, la jueza concluye que "la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivados del mismo, habrán de ser investigadas".
La magistrada también ordena a la Agencia IDEA que le remita "el expediente relativo al préstamo a la entidad TPM Inversiones Plásticas S.L", pues en la documentación remitida por Empleo consta que le fue otorgada por esta consejería una ayuda de 1,5 millones con cargo a la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, aunque finalmente "le fue concedido un préstamo por dicha cuantía y con cargo a los fondos de Economía".
En el auto, Alaya también ordena que se investiguen nuevas ayudas concedidas a 18 empresas, entre ellas las ya mencionadas de Astilleros y Abantia, además de otra a Nueva Lima por valor de 349.083,78 euros. Otras entidades beneficiadas fueron Asociación Faja Pirítica de Huelva, Santana Motor, Préstamos Pickman, Boliden Apirsa o Nature Pack Minas de Río Tinto. Por último, la jueza reclama los expedientes de las ayudas a Industrias Elizana (1.150.000 euros), Virgen de la Luz (440.000 euros) Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (405.916,23 euros) y Grueso y García (50.000 euros).
