La investigación de la jueza Mercedes Alaya por los supuestos fraudes en las ayudas al empleo no sólo se centra en los falsos prejubilados detectados en los ERE subvencionados si no en que la partida destinada a éstos -647 millones en diez años- también se usó para pagar a empresas, a la Seguridad Social e incluso a particulares no acogidos a ningún expediente.
Diez de las pólizas subvencionadas por Empleo tienen como beneficiarios a FCC y Cespa , una filial de Ferrovial . Alaya ha pedido a la Policía Judicial que investigue las "razones fácticas y jurídicas" de las mismas y ha solicitado auxilio jurisdiccional a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía para cotejarlas.
Entre los documentos que la Policía remitió al juzgado hay dos pólizas en las que aparecen como asegurados Alejandro Millán y Rafael Ruiz García -el padre de la candidata del PP de Córdoba que dimitió tras conocerse que su progenitor se benefició de una póliza pese a no estar acogido a ningún ERE- y como tomador la Dirección General de Trabajo de la Junta. Ambos son amigos del exdirector general Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la causa y quien reveló a la Policía que manejaba la partida para los ERE como un "fondo de reptiles" . Ambos son beneficiarios de dos pólizas, una la cobraban ellos y otras las empresas FCC y Cespa.
La jueza, en un auto del 7 de abril, solicitó ayuda a Seguros para que analice con la Policía las pólizas "con especial examen de los tomadores, asegurados y beneficiarios de las pólizas, pues entre las mismas hay pólizas en las que los tomadores son o bien la Dirección de Trabajo y Seguridad Social o sindicatos como la Federación de Industria o Minero-Metalúrgica de CCOO-A, o inclusive la mediadora de los seguros (Vitalia), siendo el beneficiario de las pólizas la Tesorería General de la Seguridad Social".
La instructora también llama la atención sobre pólizas "en las que aparecen como aseguradas determinadas personas físicas", pactándose además, que "en caso de supervivencia de tales asegurados los beneficiarios serán empresas como FCC y Cespa y que en caso de fallecimiento los beneficiarios serán sus herederos legales".
La Policía ya remitió un informe a la jueza en el que recogía una carta de Guerrero en la que muestra "su conformidad" a que se suscriban estas pólizas. Las cantidades que la Junta se comprometía a pagar era de 1.028.861,8 en tres años. El exdirector general ordenó detraer parte de ese dinero, 300.000 euros, del ERE de Fundiciones Caetano y que se transfieran "400.000 euros a Fortia Vida para que abonen las rentas hasta ahora pendientes a los beneficiarios Cespa y FCC". La Policía también adjuntó las cuentas de Cespa, en las que se reflejan los ingresos de Fortia Vida. Fuentes de la empresa explicaron que esta póliza se debe al pago por la gestión de los residuos urbanos de Granada. FCC no se ha pronunciado.
La jueza ordena también a la Policía que "determine el perjuicio económico causado con cargo a los fondos públicos", no sólo de los intrusos en los ERE, sino también "el importe de las primas a a favor de personas determinadas sin vinculación con ninguna empresa, y el coste adicional que le haya podido suponer a la Junta".
La Junta le trasladó el resultado de una investigación interna sobre los 64 ERE en los que aún se están pagando prejubilaciones y en los que detectó 72 intrusos y 111 irregularidades pero la jueza le ha requerido información sobre los ERE ya pagados.
En respuesta parlamentaria al PP, la Junta cifró estos ERE muertos en 15 pero ayer, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, aseguró que de la información aportada al juzgado, y a la que el PP tiene acceso al estar personado, se desprende que el total de ERE financiados fueron 535 de los que 349 son ya pagados y exige investigarlos todos. La Junta defendió el "rigor" de sus datos y acusó al PP de "manipulación".
