La juez que lleva el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue una subvención de 901.518 euros concedida en el año 2003 al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al arte ecuestre en esta localidad. En un auto notificado este lunes a las partes personadas en la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya ordena esta investigación sobre la ayuda, concedida cuando el alcalde era Antonio Maestre (PSOE), después de recibir por parte de la Fiscalía hispalense las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia presentada al respecto por el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IU). La juez señala que IFA/IDEA abonó 750.000 euros de la referida ayuda, que formaba parte del compromiso de una ayuda excepcional de seis millones de euros en virtud del protocolo de colaboración de 20 de marzo de 2003 para dicho complejo ecuestre, aunque "de las diligencias recibidas se desprende que únicamente" se han acreditado por parte del Ayuntamiento "dos gastos de inversión" por importes de 10.440 y 11.994,40 euros, respectivamente. Según Alaya, los hechos "sucintamente" narrados "se refieren a actuaciones que están siendo objeto de investigación por este Juzgado, junto con otras ayudas concedidas a otros ayuntamientos, con total ausencia de procedimiento, con cargo a partida presupuestaria inadecuada, sin competencia para otorgarla y presuntamente por el mero hecho de existir afinidad política", por lo que "procede su unión a las actuaciones y su remisión" a la Guardia Civil. DOS NUEVOS IMPUTADOS. De otro lado, y en este mismo auto, la magistrada imputa y cita a declarar el próximo día 7 de marzo a Alvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente y a José Antonio Pérez Santos como responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de Cespa S.A.. De este modo, la causa acumula ya 144 personas imputadas. La juez atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó en un escrito la imputación de aquellas personas que, "de forma indiciaria, tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de pólizas de seguros, han posibilitado que dos sociedades mercantiles hayan cobrado cada una de ellas como mínimo la cantidad de 276.222 euros de la Junta". En este sentido, la instructora señala que, "si bien es cierto que dichas empresas no resultaron firmantes de dichas pólizas, éstas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas y a pesar de no haber efectuado solicitud alguna para ser beneficiarias de dichas ayudas". "A pesar del conocimiento de las investigaciones que se vienen practicando, ambas empresas no han procedido a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, conducta omisiva que lleva a esta instructora" a dar traslado como responsables civiles a Cespa y a FCC-Medio Ambiente y a imputar a dos de sus responsables "por su participación activa en la concesión de estas ayudas".
