La jueza de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ordenó deducir testimonio por un presunto delito de alzamiento de bienes contra la suegra del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por sacar de una de sus cuentas bancarias 60.000 euros tras descubrirse su condición de intrusa y antes de que se procediera a embargar sus bienes.
En este sentido, fuentes del caso informaron que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, habría retirado de una cuenta bancaria 15.000 euros y, a los pocos días, otros 45.000 euros, todo ello después de conocerse que había cobrado al menos dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y, por tanto, antes de que la magistrada la imputara en este caso y le embargara sus bienes . La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que estos hechos podrían constituir un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, por lo que ordenó deducir testimonio contra la suegra de Guerrero, a quien la magistrada le impuso una fianza de responsabilidad civil de 258.539 euros.
Una vez la jueza instructora ordenó deducir testimonio contra Victorina Madrid Pisabarro, el caso será investigado por el mismo Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque por el juez de refuerzo, Iván Escalera, que fue designado para ayudar a Mercedes Alaya dada la sobrecarga de trabajo derivada del caso de los ERE fraudulentos.
La suegra de Guerrero compareció el pasado día 24 de noviembre de 2011 ante la jueza Alaya, aunque se acogió a su derecho a no declarar durante una comparecencia en la que la magistrada le imputó presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación, según consta en el acta.
Así, Victorina Madrid se limitó a ratificar su declaración policial y se acogió a su derecho a no declarar después de que la juez le preguntara sobre si “es cierto que Guerrero Benítez es su yerno”, y antes de eso reconoció que las firmas estampadas en sendas pólizas son de su “puño y letra”.
La jueza Alaya considera que la suegra de Guerrero, “aprovechándose de esta relación familiar y a sabiendas de que no tenía derecho alguno”, consiguió que la Junta le financiara dos pólizas, “vigentes en su mayor parte al mismo tiempo” y por las que recibiría, entre ambas, una renta mensual de unos 2.000 euros y, en principio, un total de 219.514,03 euros. De este modo, relata que el 22 de marzo de 2004 suscribió una póliza de seguro colectivo con Vitalicio ascendente a 124.455,57 euros, “calculada para la póliza de los trabajadores prejubilados de SOS Cuétara” y que fue abonada por la empresa y la Junta. Nueve meses después, suscribió la segunda póliza.
