Lejos de que la instrucción por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) vaya tocando a su fin, la jueza Mercedes Alaya vuelve a ampliar la investigación, esta vez para indagar qué conocimiento tenía el Parlamento andaluz de este fraude y si pudo hacer algo. Para ello, la instructora le ha reclamado a la Junta de Andalucía que le remita los diarios de las sesiones parlamentarias y de las comisiones de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010, así como la acreditación trimestral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de haber remitido al Parlamento los expedientes de modificaciones presupuestarias de la partida con la que se financiaban los ERE, la 31L. La nueva línea abierta por la magistrada responde a una petición planteada por el abogado Juan Carlos Alférez, defiende a uno de los exdirectores de la Agencia IDEA imputados, que en un escrito presentado el pasado 4 de febrero solicitó indagar «el papel desempeñado por parte de la Comisión Parlamentaria competente en materia presupuestaria y de control presupuestario», al entender que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían «un profundo conocimiento del proyecto de Ley de presupuestos» y poseían «un altísimo nivel técnico». Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 no acepta todas las diligencias propuestas por el letrado, sino sólo aquellas en las que se pueda comprobar que en dicha comisión «se haya abordado alguna cuestión relacionada con las transferencias de financiación del programa 31L de la Consejería de Empleo». De esta forma, la magistrada le ordena a la Junta que, «en un plazo no superior a cinco días», le haga llegar «los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010, donde se debata la aprobación del presupuesto anual»; los «diarios de sesiones del Parlamento, de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales en el periodo 2001-2010»; así como la acreditación correspondiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública «de haber remitido al Parlamento de Andalucía, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad». Una vez que toda esta documentación llegue al juzgado de Alaya, la jueza ya ha ordenado que sea remitida a los peritos de la Intervención General para que sean ellos quienes analicen el grado de conocimiento de los parlamentarios. A estos peritos, que esta misma semana advirtieron a la magistrada de su falta de competencia para estudiar el papel jugado por la Cámara de Cuentas en esta fraude, también le ha remitido numerosa documentación, que la Junta de Andalucía ha entregado a la instructora en tres DVD, además de diez tomos en papel, después de que ella se la reclamase el pasado 20 de febrero. Para argumentar esta nueva línea, el abogado explicaba en su escrito que cada año el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas comparecía la Comisión de Economía y exponía su rendición de cuentas anual, por lo que los 17 parlamentarios «conocieron o debieron conocer el contenido y finalidades del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo». No obstante, «jamás advirtieron tacha alguna de ilegalidad y, aún menos, de la presunta perpetración de actuaciones delictivas o de menoscabo de fondos públicos». Sin embargo, incide en que su cliente era un «servidor público» que participó, pero no creó, el programa al que ni la Intervención General ni la Cámara de Cuentas «pusieron reparo alguno».
