"Asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero". Es una de las frases que la jueza Mercedes Alaya, la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, le ha dicho al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y que demuestra que la segunda jornada de la declaración está siendo más tensa que la de ayer. Fernández insiste en defender la legalidad del sistema para otorgar ayudas, mientras la magistrada le ha recriminado que "si quiere acogerse a su derecho a no declarar, hágalo, pero no se ande por las ramas". Alaya ha vuelto a preguntar hoy por el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el actual José Antonio Griñán.
Fernández, que lleva jornada y media declarando como imputado, sigue contestando a todas las preguntas y está demostrando mucha "entereza", siendo capaza de mantener discusiones técnicas con la jueza sobre el procedimiento para otorgar las ayudas públicas. Esto es lo que ha hecho que la jueza le ha haya reprochado varias veces su actitud, reprochándole cómo puede defender el sistema, a lo que el exconsejero ha llegado a decir "pues se lo digo, se lo afirmo y se lo repito".
El exresponsable de Empleo, que basa su defensa en la legalidad del convenio marco en el que se basaban las ayudas y en que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se autosupervisaba, ha asegurado que "no existía" ningún informe jurídico que cuestionara el sistema de ayudas. Ayer, de hecho, ya explicó que cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un escrito en el que mostraba reparos al sistema, la Consejería contestó con una serie de alegaciones, que nunca fueron contestadas por Intervención.
Alaya, que ayer tras la declaración permaneció en el juzgado hasta las tres de la mañana revisando el acta y las preguntas, le ha cuestionado sobre la relación que mantenía con Chaves y Griñán, a lo que Fernández ha contestado que "era cordial, pero no de amistad". Asimismo, le ha preguntado por su relación con el exsindicalista y mediador en los ERE Juan Lanzas, sobre el que dijo que sabe que era sindicalista, pero no mantenía ninguna relación con él. En contestación a otra pregunta, Fernández ha dicho que la Consejería de Empleo era "la segunda casa de los sindicalistas" porque acudían a pedir ayudas y soluciones a conflictos. La magistrada ha entendido entonces, que también lo sería para Lanzas.
De igual modo, la magistrada le ha interrogado por la relación que pudiera tener con el despacho Estudios Jurídicos Villasis, cuyos responsables también están imputados en la causa, la cual negó.
Por último, Fernández ha insistido en que no existía un protocolo escrito para dar las ayudas, sino que los criterios eran verbales teniendo en cuenta las zonas deprimidas, con altas tasas de paro y la dificultad de reinserción laboral de la persona a la que iba destinada la ayuda. También ha negado que él diera alguna orden de pago a las entidades mediadoras en los ERE, y que fueron las empresas que llevaban a cabo los expedientes las que la buscaban.