Después de que ayer el exdirector general de Trabajo Daniel Rivera , el único alto cargo nombrado por José Antonio Griñán, explicara que antes de su salida de la Junta en junio de 2012 ya se habían iniciado de oficio expedientes de revisión de 300 ayudas sociolaborales, detectando que 200 personas no tenían derecho a cobrarlas, la jueza Mercedes Alaya ha requerido hoy a la Junta para que en el plazo de cinco días para aportar el listado. Alaya sigue interrogando a Rivera, que ha negado que conociera la inclusión de intrusos en las empresas Surcolor y Acyco.
La segunda jornada de declaración de Rivera se ha iniciado con esta petición de la magistrada que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Alaya quiere conocer quiénes son esas 200 personas que cobraron ayudas, pese a no tener derecho a ello. El exalto cargo, el único imputado de la etapa de José Antonio Griñán, dijo ayer que tras detectarse estas irregularidades no se aportó el listado a l Juzgado de Instrucción número 6 porque "no creía que tuviera relevancia penal". La jueza le contestó entonces que es ella la que debe decidir si tiene o no la "naturaleza penal", por lo que hay ha reclamado a Empleo que le entregue el listado en cinco días, además de diversa documentación. Por su parte, Rivera ha aportado esta mañana diversa documentación sobre cómo se gestionaron las subvenciones durante su etapa.
Rivera ha negado ante la magistrada que conociera que en los ERE de las empresas Acyco y Surcolor se introdujeran dos intrusos, aunque sí ha reconocido que las ayudas sociolaborales otorgadas a Astilleros no se utilizaron como tal, sino para financiar la finalización de unos trabajos. Por último, ha admitido que él dio la orden del envío al juzgado del expediente de Cárnicas Molinas y que éste iba incompleto, aunque ha dicho que "desconocía" que había más documentación guardada sobre en el Registro Central de la Consejería de Empleo.
