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Alaya no acepta la petición de Lopera y lo obliga a comparecer el 12 de junio

El abogado del ex dirigente verdiblanco había solicitado la suspensión porque la consideraba "vacía de contenido".

el 06 jun 2014 / 17:59 h.

La jueza que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, Mercedes Alaya, ha rechazado su renuncia a la declaración indagatoria, prevista para el jueves 12 de junio, dado que se trata de una posibilidad no prevista en la ley. La defensa de Lopera había pedido a la magistrada que se suspendiera su comparecencia judicial, trámite previsto tras el auto de procesamiento dictado el 8 de mayo, por entender que es un acto "vacío de contenido" que solo servirá para su "incriminación mediática". Según el ex máximo accionista del Betis, a lo largo de los seis años de instrucción de la causa su abogado "ha ofrecido completas, exhaustivas y minuciosas explicaciones", por lo que la declaración indagatoria "carece de contenido procesal" pues "no se ha aportado dato o elemento nuevo a la causa" desde su última comparecencia. Por ello, la defensa proponía suspender su citación y dar por reproducida su última comparecencia ante Alaya, el 14 de noviembre de 2013, cuando Lopera se acogió a su derecho a no declarar. La jueza, una vez concluida la instrucción de la causa, citó el 28 de mayo a los restantes imputados: el empresario Luis Oliver, que compró las acciones a Lopera; el exvicepresidente Ángel Martín, el sobrino de Lopera Francisco Javier Páez y a otras personas que figuraban como titulares de sus empresas. Todos se acogieron a su derecho a no declarar. En el auto de procesamiento, Alaya acusó a Lopera de haber llevado a cabo un "plan preconcebido" para descapitalizar el club desde que fue vicepresidente económico, proyecto que diseñó "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio". La magistrada ha cuantificado el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en las catorce temporadas bajo Lopera en "la imponente suma" de 24,9 millones de euros. En cuanto a Oliver, la jueza indicó que se habría incorporado al "proyecto criminal" iniciado por Lopera como "cooperador necesario" al comprar las acciones "a sabiendas del carácter litigioso de las mismas" para intentar "hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas".

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