La juez Mercedes Alaya.
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ordenado a los peritos de la Intervención General del Estado que analicen la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación a las ayudas sociolaborales del programa 31.L., más conocido como 'fondo de reptiles'.
En un auto dictado el pasado día 16, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya considera "de especial relevancia" que el equipo pericial de la Intervención General de la Administración del Estado se pronuncie sobre las "funciones" de la Cámara de Cuentas "en la rendición de las Cuentas Anuales de la Junta", y todo ello "en relación con las ayudas sociolaborales del programa 31.L concedidas por la Dirección General de Trabajo".
Al hilo de ello, la instructora acuerda dar traslado al director coordinador del equipo pericial de la Intervención del Estado del escrito presentado el pasado martes por el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete y también del informe emitido por el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas solicitado por el pleno de dicha Cámara "en relación al informe de fiscalización elaborado por la misma".
El pasado martes, Jacinto Cañete se acogió a su derecho constitucional a no declarar, pero su abogado, Juan Carlos Alférez, aportó un escrito de alegaciones en el que defiende que su cliente "ni ideó, ni creó, ni participó en la génesis" del programa presupuestario 31.L., más conocido como 'fondo de reptiles', "limitándose como director general a continuar cumpliendo con las obligaciones que las leyes de presupuestos preveían para IDEA, en síntesis y de manera pacífica a estar a la altura del proceso y ser caja pagadora de la Consejería de Empleo en la concesión de ayudas sociolaborales y directas a empresas".
"Durante todo el tiempo que permaneció en el cargo, 18 meses, ningún empleado público, técnico o asesor jurídico de la agencia, nadie absolutamente nadie de la organización, advirtió al director general de que la materialización de los programas" del 31.L. "pudiera ser una actividad contraria a derecho, ilegal y menos aún delictiva", asevera.
EL PARLAMENTO "BENDECIA" EL PROCEDIMIENTO DE AYUDAS
En esta línea, remarca que la Intervención General de la Junta, al rendir las cuentas de 2008 y 2009, "no informó de ninguna ilegalidad o irregularidad en el programa 31.L.", aseverando que aunque "es cierto" que en "un doble lenguaje emitía informes especiales denunciando" la inadecuación de las transferencias, en la rendición de la cuenta general las bendecía, porque sería conocedora de que su queja no era más que retórica habida cuenta de la existencia de habilitación legal".
A ello se suma, según el abogado de Cañete, que la Cámara de Cuentas "llevaba la cuenta general al Parlamento para su aprobación sin tacha, reproche, comentario ni observación de ilegalidad", mientras que el Parlamento, en la aprobación de liquidación del programa, "bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales" del mismo.
El letrado añade que la Cámara de Cuentas es un "órgano tremendamente especializado, con altísimo nivel técnico y con ingentes medios analíticos", mientras que sus funcionarios "son enormemente escrupulosos y detallistas, capaces de atisbar el más mínimo incumplimiento normativo", es decir, "pueden detectar una irregularidad en un ticket de dos euros y, sin embargo, tantísimo detalle no se corresponde con dejar pasar año tras año, rendición de cuenta tras rendición de cuenta, informe tras informe, nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenas de millones de euros --según las tesis acusatorias--".
