La magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ordenado en un nuevo auto investigar en profundidad los ERE de Mercasevilla, tanto el de 2003 como el de 2007, y, en concreto, la implicación de una decena de personas. Cuestiona la actuación de la Consejería de Empleo de la Junta y ve indicios de un uso "fraudulento" de la Fundación socio-asistencial de Mercasevilla "para facilitar un trasvase de trabajadores".
Mercedes Alaya ordena investigar a Antonio Rivera Martín por haber sido incluido con posterioridad en la relación de trabajadores afectados por el ERE de 2007 en virtud de una resolución de la Consejería de Empleo, así como a Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santoyo porque nunca trabajaron en la sociedad mixta y, sin embargo, se incluyeron en la lista de prejubilados, como denunció el PP.
Alaya incluso va más allá: "Procede ordenar a la policía judicial para que informe sobre las cantidades percibidas por la persona que se benefició de la inclusión de Doña Carmen Fontela y quién fue esta persona y si actuó en connivencia con otros, debiendo igualmente informar de las cantidades percibidas por Antonio Garrido Santoya".
Estos casos ya habían saltado a la luz pública, pero hay más. La juez pide información sobre Ana María Delgado Vallés (secretaria de dirección) porque está incluida en dos listados distintos afectados por el ERE de 2003 (del 19 de diciembre de 2003 y del 28 de enero de 2004), así como de Silvia María Pérez Palma y María Rocío Pérez Palma por ser beneficiarias de préstamos por anticipo de Mercasevilla, mientras que Juan José Julia Toledano e Ignacio Pérez Sánchez-Ibargüen eran beneficiarios pero no lo solicitaron.
Según el comité de empresa, porque fallecieron. Fuentes del caso puntualizaron que aquí no habría irregularidad, ya que Silvia y Rocío son herederas. Además, la magistrada manda investigar "si la Fundación ha podido ser utilizada fraudulentamente para facilitar un trasvase de trabajadores de Mercasevilla a la misma", ya que, por ejemplo, Eduardo Castro Lozano y Antonia Hermida Santoyo, siendo trabajadores de la Fundación se acogieron al ERE de 2007 de Mercasevilla, mientras que Fernando Rebollo Trigo y José Luis Toledo Madrigal, trabajadores de Merca, pasan a formar parte de la plantilla de la Fundación desde el 1 de junio de 2007 hasta el 31 de enero de 2008, para volver a la plantilla de la sociedad mixta hasta el 20 de octubre de 2010, siendo ambos prejubilados del ERE de 2007. Una cláusula pactada con el comité de empresa recogía estos casos, denunciados por el PP porque, según los populares, la antigua dirección encabezada por Fernando Mellet y Daniel Ponce (imputados por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central de abastos) pretendía falsear las cuentas, reducir gastos en personal traspasando empleados a la Fundación. En el auto, Alaya pide a la Consejería de Empleo, entre otra mucha documentación, una relación de las "subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002" respecto a procesos de reestructuraciones laborales. Se abre así la puerta a una investigación que podría afectar a todos los ERE de Sevilla desde 2002. No entiende la juez que si el ERE de 2003 de Merca gozó de la incentivación de la administración, la Junta se desligase del coste de las prejubilaciones de 2007. "En el supuesto de que dicho expediente de subvención no hubiera existido nunca, se informe en base a qué criterios de legalidad se abonaron las primas correspondientes a la póliza relativa a dicho ERE", dice el auto. La magistrada quiere saber los requisitos que se deben cumplir para los ERE y el control que ejerce Empleo. De hecho, pide explicaciones a la Junta por aprobar el segundo "en menos de cuatro años" cuando la empresa en ese tiempo había contratado "prácticamente el mismo número de trabajadores fijos que despidió".
