La jueza Mercedes Alaya ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General que investiguen y realicen un informe sobre la ayuda sociolaboral de Heineken España ascendente a más de 16 millones de euros, otorgada a la empresa cuando Antonio Rivas era delegado provincial de Empleo en Sevilla, imputado por el fraude de los ERE. La magistrada también reclama el contrato de trabajo que entre los años 2005 y 2010 vinculó a uno de los hijos de Rivas, pese a ser menor de edad, con esta firma, así como el patrimonio familiar, ya que Alaya sospecha que el exdelegado pudo cometer un delito de tráfico de influencias. Según señala la titular del Juzgado de Instrucción número 6, en un auto fechado el pasado 27 de enero, de los atestados policiales sobre situación patrimonial de Rivas Sánchez y su entorno familiar resulta de los mismos indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos, o por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinadas beneficiarios. Por ello, ordena un informe exclusivo sobre esta ayuda y también que se recopilen el contrato o contratos de trabajo del hijo del Sr. Rivas, Don Manuel Alejandro Rivas Romero, en Heineken España, en la que estuvo dado de alta desde el 4 de abril de 2005 hasta el 2010. A la jueza, le llama la atención que en 2005 el hijo de Rivas era aún menor de edad y que sin contar con estudios universitarios, recibiera, al menos durante la mayor parte de dicho periodo, 182.118,88 euros. Además, ordena a los agentes que indaguen sobre su cualificación profesional o estudios académicos y que constaten los servicios efectivos del hijo del Sr. Rivas en dicha empresa, recibiendo a tal efecto cuantas declaraciones se precisen. No habiéndose aportado ninguna cuenta bancaria activa del citado Manuel Alejandro nacido el 13 de octubre de 1987, informe sobre la compra en 2013 de los dos inmuebles propiedad de este último, adquiridos en julio de 2013, añade la jueza en sus indicaciones a los agentes. Pero este no será el único hijo en el que se centre la investigación, pues también se requerirá a la UCO para que informe de los pagos de la hipoteca que grava la vivienda de Virginia Rivas Romero, constituida en 2008 cuando la misma contaba con 20 años de edad (nacida el mismo día que el anterior), de la que son fiadores Don Antonio Rivas Sánchez y su esposa. Las hipotecas firmadas por Mª del Carmen Rivas Romero Mª Ángeles Rivas Romero, de la que figurarían como deudores Antonio Rivas y esposa, también serán investigadas. Por último, Alaya pide a la Guardia Civil que se informe de la efectividad de los servicios prestados por la nuera del Sr. Rivas Mª del Carmen Rodríguez desde febrero de 2007 a julio de 2009, en las empresas vinculadas por Juan Lanzas e Ismael Sierra (el conseguidor de los ERE y su cuñado), y de las que percibiría un total de 22.248,86 euros.
